Hay pocas oportunidades tan claras para promover la democracia e involucrar a las personas en la toma de decisiones clave para el futuro del país como la que ofrece el debate sobre la ratificación del TPP. Precisamente porque es un tratado tan importante y hay tantas posiciones opuestas de personas razonables y bien intencionadas sobre sus efectos, el Gobierno debiera concordar con el Congreso que, en caso de ser aprobada por ambas cámaras, la decisión final sobre si Chile debe ratificar o rechazar el TPP quede en manos de la ciudadanía. Porque no hay forma más democrática y legítima para ratificar el TPP o para rechazarlo que la voz de la gente expresada libremente en un plebiscito después de que el Gobierno y el Congreso se hayan pronunciado, Chile debiera ser el primer país del mundo que ratifique o rechace el TPP a través de un plebiscito nacional.

Este no es el lugar para discutir los argumentos a favor y en contra del TPP. Pero baste decir que personas razonables y bien intencionadas discrepan sobre las virtudes y defectos de este tratado de comercio que ha sido firmado por los gobiernos de 12 países que pertenecen a la cuenca del Pacífico -incluidos Estados Unidos, México, Perú y Chile en América-. La polémica sobre los efectos del TPP se ha producido en todos los países firmantes que tienen gobiernos democráticos. En Estados Unidos, en un año electoral, el TPP ya se ha convertido en tema de campaña. Los principales candidatos de ambos partidos -Hillary Clinton y Donald Trump- han expresado distintos reparos al acuerdo firmado por el gobierno de Barack Obama. En Chile, el Gobierno ha defendido las virtudes del TPP con argumentos razonables y elaborados. Pero los críticos del TPP también han presentado argumentos razonables y bien fundamentados para justificar su rechazo al acuerdo.

Según nuestro sistema político, el TPP deberá ser ratificado por el Congreso Nacional antes de que entre en vigencia en nuestro país. Pero, dada la importancia del TPP, es razonable pedir que la última palabra sobre este tratado la tenga el pueblo de Chile. El procedimiento más adecuado para lograr este objetivo es que, en caso de que el Congreso ratifique el TPP, el Gobierno convoque a un plebiscito vinculante, en el que los chilenos puedan aprobar o rechazar la decisión del Congreso Nacional. Como la voz del Congreso representa la voluntad de los que votaron en 2013, la participación en este plebiscito debe ser superior a la que se dio en las parlamentarias de 2013, para que la voluntad popular se imponga sobre la decisión del Congreso. Así, para que un voto de rechazo al TPP en el plebiscito tenga validez, deberá participar un número de chilenos superior a los 6,7 millones que votaron en la última elección. Si la opción de ratificar el TPP tiene la mayoría o si la participación es inferior a los 6,7 millones, entonces se confirmaría el voto favorable del Congreso.

Hace unos años, el ex Presidente Lagos propuso que los plebiscitos solo se realizaran en condiciones restrictivas. Por ejemplo, Lagos propuso que la gente podía iniciar una campaña para abolir una ley que recientemente haya sido aprobada por el Congreso. El TPP ofrece una inmejorable oportunidad para poner en práctica la propuesta del ex Presidente Lagos. Estoy seguro de que él ahora apoyará decididamente la idea de que sean los chilenos los que tengan la última palabra para decidir si Chile se suma al TPP.

La democracia chilena tiene muchas falencias, pero también tiene fortalezas, y las instituciones que hoy existen nos ofrecen oportunidades para mejorar nuestra democracia. No hay mejor forma de fortalecer la democracia que involucrar a más chilenos en la toma de decisiones en un contexto de un debate serio, informado y responsable sobre las distintas opciones que tiene el país para avanzar por el sendero del crecimiento y del desarrollo. El proceso de ratificación del TPP ofrece una inmejorable oportunidad para que el Gobierno y el Congreso involucren a la gente en la toma de decisiones. Si el Congreso ratifica el TPP, el electorado chileno debiese tener la última palabra para rechazar o legitimar el ingreso de Chile a esta iniciativa.

Marco Enríquez-Ominami
Presidente de Fundación Progresa