El aspecto menos discutido de la reforma de la educación superior es la creación de un marco de cualificaciones. Más allá del anuncio de que estaría incluido, no hay ningún antecedente específico respecto de cómo se estructuraría. Este instrumento, en los países en los que existe, aspira a establecer los distintos niveles de cualificaciones que obtienen las personas producto de la educación que cursan y eventualmente el trabajo que desempeñan. La idea es tener estándares comunes que permitan una mayor articulación de la oferta y una mayor transparencia para estudiantes y empleadores respecto de las competencias que se desarrollan en un programa específico en la educación superior chilena e incluso secundaria.

Típicamente, un marco de cualificaciones define distintos niveles, desde el más básico hasta el más avanzado, y cada uno de ellos incluye las exigencias requeridas para alcanzarlos, los conocimientos y habilidades desarrollados, la forma en que se aplicaron y el uso que a ellos podría dárseles. Al mismo tiempo, evalúa los distintos programas ofrecidos por las instituciones para clasificarlos de acuerdo con estos niveles.

La existencia de un marco de estas características permitiría, por ejemplo, que una persona que aspira a un trabajo que exige determinadas competencias y destrezas planificase los cursos y programas que requiere para acceder a ese trabajo. También facilitaría el cambio de los estudiantes entre distintas instituciones, toda vez que al estar certificadas las cualificaciones en cada institución, los créditos se podrían transferir entre ellas.

Hay diversos países que tienen estos marcos. Quizás los mejor desarrollados son los de Australia, Noruega y Nueva Zelandia. En Europa se ha intentado desarrollar una institucionalidad de estas características para facilitar el traspaso de estudiantes entre instituciones de distintos países a propósito del Convenio de Bolonia. Con todo, no es una práctica extendida y conviene detenerse en la razón de ello.

Desde luego, requiere de una articulación entre distintos actores muy difícil de lograr. Al mismo tiempo, homologar los conocimientos y habilidades contenidas en distintos programas presenta dificultades enormes, incluso en instituciones que son muy similares entre sí. La tarea es aún más compleja en un sistema masivo y heterogéneo como el nuestro. Tampoco es evidente cómo se coordina este marco con un sistema de aseguramiento de la calidad. Hay, sin duda, dimensiones en que ambos se traslapan. Es evidente que un marco de cualificaciones involucra, tarde o temprano, un juicio respecto de la calidad de distintos programas. Por último, la relevancia de estos marcos en países con un importante desarrollo en este ámbito no es clara. En ese sentido, no parece una buena idea incluir en la reforma de educación superior dicho marco. Introduce una complejidad adicional, sin ganancias evidentes para el sistema de educación superior y para el país.