Preocupantes resultados ha arrojado un reciente estudio de la firma Global Partners respecto del consumo de drogas por parte de trabajadores. La investigación, que consideró una muestra de 6 mil 300 empleados de 101 empresas de diversos sectores productivos, detectó un alza en el consumo de estas sustancias en 2015 respecto de 2014, incluso en las compañías que implementan programas especiales de prevención, donde el aumento fue de 0,3 puntos porcentuales; en aquellas que no desarrollan este tipo de programas y en las que efectúan controles esporádicos el crecimiento fue de 2 y 1,5 puntos respectivamente. Lejos, la droga más detectada fue la marihuana: el 50% de los test positivos correspondieron a ella. Los autores de la investigación atribuyen el fenómeno a la baja en la percepción del riesgo asociado al consumo de cannabis que se ha producido en el país en los últimos años, tendencia confirmada en otras indagaciones, y que parece una consecuencia del modo en que se ha desarrollado el debate en torno a su posible despenalización.

En efecto, tanto el Colegio Médico como las sociedades científicas han denunciado la escasa atención que hasta ahora se ha prestado a sus planteamientos por parte de los parlamentarios que estudian una iniciativa en ese sentido y por algunos medios de comunicación masiva. Ello, en contraste con la tribuna que tales instancias han dado a activistas partidarios de despenalizar y a quienes exaltan los beneficios terapéuticos de la marihuana, pese a la falta de evidencia científica concluyente. Sería por cierto muy difícil que tales mensajes, que banalizan las consecuencias del consumo de esta sustancia, no tuvieran un efecto en la población, como lo han demostrado los estudios del Consejo Nacional de Estupefacientes y sus inquietantes cifras sobre el aumento de prevalencia en menores.

Una omisión dentro de este debate ha sido precisamente la de las consecuencias del consumo de drogas en el mundo del trabajo. Cifras de la Asociación Chilena de Seguridad indican que el 29,4% de los accidentes laborales se vinculan con este problema, en tanto que las personas que entregan un resultado positivo en los test de consumo presentan tres veces más licencias médicas que el resto, afectando así también la productividad. Instituciones especializadas en rehabilitación, en tanto, han advertido del particular peligro que el tema representa en ciertas actividades, como el transporte público.

Pese a ello, el citado estudio de Global Partners muestra que solo el 4% de las empresas chilenas aborda de alguna manera esta problemática en sus políticas de recursos humanos. En contraste, los especialistas afirman que, aparte de la realización de test periódicos, resulta fundamental el desarrollo de acciones de sensibilización de sus empleados frente al tema y de programas de capacitación. También cabe a las organizaciones sindicales una responsabilidad, tanto demandando a las empresas abordar el asunto como impulsando actividades preventivas entre sus afiliados. En momentos en que la discusión pública sobre el tema drogas se desarrolla con alarmante superficialidad, realidades como las reveladas en este estudio obligan a un análisis más razonado.

Esta realidad ha sido poco atendida en el actual debate.