Durante los dos últimos meses, la Contraloría General de la República ha venido realizando una auditoría a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región Metropolitana, centrada en la administración de su ex director general, Osvaldo Soto, actual subsecretario general de Gobierno, para determinar si existe un presunto déficit fiscal de más de $2 mil millones que se habría producido entre 2014 y 2015. Esta auditoría fue solicitada formalmente por la Asociación de Funcionarios y Profesionales de dicha corporación y se suma a la investigación interna que se realiza a instancias del consejo directivo de la misma.

Según las versiones que se han dado a conocer, las pérdidas se deberían aparentemente a una serie de discrecionales aumentos de remuneraciones sin justificación técnica, y a contrataciones millonarias de asesores que no tienen relación con el servicio de asistencia jurídica que presta esa institución. Esto habría llegado a tal nivel que en diciembre de 2015 no había presupuesto para pagar los sueldos, por lo cual el actual director de la CAJ y la ministra de Justicia debieron solicitar recursos extraordinarios, que salieron de una reasignación del presupuesto de la glosa de la Subsecretaría de Justicia. En dicho escenario, al director general que sucedió a Osvaldo Soto le fue solicitada la renuncia en diciembre y se nombró al actual director, Alejandro Jiménez, quien fue director de Gendarmería durante el anterior mandato de la Presidenta Bachelet.

Esta situación abre muchos interrogantes que no solo se refieren a las pérdidas financieras, sino también al eventual perjuicio a los usuarios del servicio. Por ejemplo, ¿cuántas personas se han dejado de atender en comparación con períodos anteriores? ¿Y cuál ha sido la efectiva calidad o cobertura del servicio que se prestó?

Los funcionarios han sido categóricos en afirmar que Soto no asumió la dirección con déficit, el que atribuyen a las supuestas millonarias contrataciones, que habrían quedado "amarradas" hasta 2017. Estas imputaciones son graves, y el ahora subsecretario deberá desvirtuarlas fehacientemente, para no afectar el desempeño del alto cargo que hoy ocupa, lo que repercutiría en el gabinete ministerial. No basta con calificar como "estupendo" el que se estén averiguando las razones de este déficit, que él justifica como estructural. Sus críticos sostienen, en cambio, que la evidencia demuestra lo contrario.

Se trata aquí de un servicio que históricamente cuenta con bajo presupuesto, pero que había iniciado un camino hacia la modernización, demostrando que es posible mejorar la calidad de un organismo aún frágil. La Contraloría deberá establecer con celeridad si existe o no una responsabilidad administrativa frente a un eventual perjuicio al presupuesto fiscal. Y si así fuere, probablemente debería evaluarse la situación de miles de usuarios que no habrían sido atendidos a causa de contrataciones sin relación con la asistencia jurídica a los más pobres. Es ética y políticamente obvio que el ejercicio de un cargo público exige extrema responsabilidad en el uso de los fondos fiscales, tanto en la eficiencia del gasto como en la eficacia para asegurar que los escasos recursos son dirigidos a quienes efectivamente lo necesitan.

A todo evento, esta es una buena oportunidad para responder a la necesidad de un urgente cambio en el servicio de asistencia jurídica, una promesa incumplida de todos los gobiernos anteriores y también del actual.