La crisis económica en Venezuela está amenazando con convertirse en una tragedia humanitaria. Ya no se trata solo de números, como el 22% que se habrá contraído la economía hasta diciembre, tras tres años de recesión, ni de la falta de bienes suntuarios, sino de escasez de medicamentos básicos, utensilios de aseo y alimentos tan necesarios como la leche o la harina. Se trata de que el poder adquisitivo de los venezolanos se ha desplomado dramáticamente a resultas de la inflación, que este año superará el 720%, según alertó el Fondo Monetario Internacional.

Para agravar el problema, ese país ahora enfrenta una emergencia energética. Incapaz de producir o importar la energía necesaria, el gobierno de Nicolás Maduro ha obligado a que los centros comerciales generen su propia energía durante cuatro horas diarias.

Se esperaría que, tras el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado y el deterioro de la calidad de vida, el régimen de Maduro optara por rectificar el rumbo. Pero en una actitud que ha puesto en peligro el bienestar más básico de la población, Maduro y sus seguidores han optado por insistir en acusar de los problemas del país a la caída del precio del petróleo y a la "guerra económica" supuestamente organizada por el sector privado, las empresas transnacionales y los pocos medios de comunicación que aún no son controlados por el Estado. Se quiere silenciar la falta de inversión en el sector energético del país, las nacionalizaciones que han ahuyentado a las empresas privadas, el deterioro al que se ha sometido a la petrolera estatal PDVSA, y el derroche que el régimen hizo de la bonanza petrolera.

El déficit fiscal hoy roza el 18% del PIB, y la deuda externa, que se ha cuadruplicado desde que Hugo Chávez llegó al poder, hoy es el gran peso sobre el país.

Con US$ 10.500 millones por pagar este año, y reservas internacionales que no por mucho superan ese monto, Venezuela tiene que escoger entre dos escenarios posibles. Uno es optar por declararse en default para utilizar los pocos dólares que se reciben, además de ayuda que se pediría al FMI, para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas. El otro camino es el que parece preferir Maduro, consistente en seguir cumpliendo con el pago de la deuda (con ayuda de un crédito de China), a costa de seguir restringiendo los productos a los que puede acceder la población. "No adoptamos políticas neoliberales ni en el peor de los casos", respondió recientemente el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, consultado por la opción de pedir ayuda al FMI para evitar una crisis humanitaria.

No se puede criticar que un gobierno tenga una visión ideológica. Lo condenable es que un gobierno prefiera defender sus visiones ideológicas, en vez de reconocer errores y rectificar el rumbo, aunque eso implique dejar de su cumplir el rol principal de todo gobierno: garantizar el bienestar al menos mínimo de la población a la que se debe.