Una encuesta de la Universidad Católica encargada por la Defensoría Penal Pública muestra datos que deberían mover a reacción conducente a todas las autoridades vinculadas al área de seguridad pública. Según esta medición de percepción, el 36,2% cree que la delincuencia es el principal problema del país, cuadruplicando a la corrupción y la pobreza, quintuplicando a la educación y sextuplicando a las drogas. Rubros prioritarios para la "clase política", como la reforma constitucional, alcanzan solo porcentajes insignificantes (0,3%). Más allá de discusiones metodológicas, tales cifras básicamente reconfirman el profundo foso entre vida política y vida cotidiana en el Chile actual, que inquieta a analistas de los más variados sectores y que ciertamente no es sano para la solidez institucional.

Es preocupante que vastos segmentos sientan que su inseguridad obedece a que la ley no contempla penas más duras (33,3%) y que las sanciones de los jueces son "muy débiles" (32,1%). Una "crisis de confianza" en el sistema judicial -más del 90% está insatisfecho de cómo funciona- afecta a un pilar esencial de nuestro Estado de Derecho, que es indispensable atender con prioridad, aunque eso no reditúe ventajas políticas de corto plazo. Si no ocurre así, no puede sorprender que el 53,6% apoye las mal llamadas "detenciones ciudadanas", por las que grupos más o menos espontáneos castigan mediante golpes y vejaciones a quienes creen presuntos delincuentes, que en los casos registrados hasta ahora han sido rescatados por las policías. La brutal experiencia de otros países latinoamericanos debería alertar sobre el curso que puede tomar esta tendencia, que es la negación del orden jurídico.

En este contexto, el vivo y enriquecedor debate público al que actualmente se asiste en torno a la procedencia y límites admisibles (o no) del control preventivo de identidad, así como las aprensiones y contraargumentaciones sobre el eventual abuso policial que pueda originar, sin perjuicio de su importancia, aparece como lo que es, a saber, solo una arista del problema mucho mayor del sistema de la seguridad pública en jaque, y de las políticas públicas que apremiantemente deban adoptarse al respecto.

Otro tanto cabe estimar en cuanto a otras importantísimas facetas del mismo problema, como las de magnitud de las penas, reforma del Código Penal, funcionalidad del sistema penitenciario, eficacia de las policías, déficits de rehabilitación, tasas de reincidencia, correcciones al sistema procesal, todas ellas advertidas largamente por voces especializadas, sin recibir empero atención suficiente, efectiva y eficaz del mundo político. Reacciones parciales, sin sustento técnico y de corto plazo, se han probado una y otra vez costosas e inútiles.