Señor Director:

En su respuesta a nuestra última carta, el senador Espina hace referencia a los controles que se establecerán para evitar el mal uso del control preventivo de identidad, que incluirían el establecimiento de sanciones para el abuso policial, así como la generación de un sistema estandarizado para la formulación de reclamos, a lo cual se añadirían las penas ya previstas para el delito de detención ilegal. La futilidad de la propuesta se hace evidente si se observa la prácticamente nula fiscalización de la legalidad de aquellos controles de identidad actualmente practicados, según lo previsto en el art. 85 del Código Procesal Penal, que justamente al no conducir al inicio de investigación alguna no llegan a ser sometidos al conocimiento de un juez de garantía. Si tal falta de control es ya reconocible bajo la legislación hoy vigente, solo cabe esperar un incremento de la falta de todo control de llegar a convertirse en ley el proyecto que se discute en el Congreso, y que el senador Espina tan entusiastamente apoya.

Pero que el senador Espina promueva un proyecto de ley de esa índole no debería ser especialmente llamativo, pues ello es consistente con la agenda político-criminal que tradicionalmente ha sido defendida por su sector político. Lo llamativo es que en su cruzada de hoy lo acompañen congresistas que, como el senador Harboe, dicen promover un proyecto de sociedad diferente al que hace suyo la derecha. Esto es preocupante, sobre todo si se repara en el fundamento que el senador Espina ha aducido para la iniciativa legal en su conjunto, a saber: "el derecho fundamental de los ciudadanos" consistente en "su seguridad personal y la de su familia".

Más allá de lo heterodoxa que resulta la apelación a un derecho fundamental de alcance familiar -lo cual muestra hasta qué punto puede ser banalizada la referencia retórica a los derechos fundamentales-, no deja de haber una perversa ironía detrás del argumento. Ello porque el proyecto de esta nueva agenda corta descansa en una validación irreflexiva del recurso a la prisión como herramienta de control social, en circunstancias de que la insistencia en ese recurso contribuye a explicar que la situación de las cárceles chilenas sea la que recientemente ha sido constatada por un informe emitido por una comisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, y que da cuenta -aquí sin banalización alguna- de la masiva vulneración de derechos fundamentales a la que se encuentra sometida la población carcelaria. Y esta es una situación que la nueva agenda corta solo logrará agravar.

Juan Pablo Mañalich R.
Jaime Winter E.
Facultad de Derecho Universidad de Chile