Siempre enfrento el debate, por áspero que sea, tratando de ajustarme al principio de la buena fe. Desgraciadamente, Carlos Peña no lo hace, y confunde los argumentos con las descalificaciones; los hechos objetivos con las imputaciones falsas.

No debí transpirar durante siete días para producir una respuesta a su columna, como él afirma; a las horas la tenía escrita. Su publicación esperó al domingo siguiente por una razón simple: solicité a la dirección del diario que, para garantizar ecuanimidad, mi respuesta se publicara también un día domingo. Agradezco que haya acogido mi demanda.

Falta groseramente a la verdad cuando afirma que yo he reconocido un comportamiento ilícito. He sido categórico en declarar que no he cometido ningún delito y que lucharé para demostrar mi inocencia. Espero, cuando eso ocurra, recibir sus disculpas.

La cuestión central se refiere a algo muy simple: inocencia o culpabilidad.

En el caso de CMPC y Matte, el hecho fundamental es la autodenuncia por delito de colusión. Matte ha dicho que no sabía. Si él lo dice, no tengo por qué no creerle. El punto es que la empresa que él dirige reconoció un comportamiento ilícito en una materia, la libre competencia, que es justamente la razón de ser del CEP, centro que él, además, preside. Era, en consecuencia, difícil para él mantenerse en su presidencia.

Por el contrario, yo no presido ninguna empresa que se haya autodenunciado, y en lo personal, alego y pido que se me respete la presunción de inocencia. Una formalización es el inicio de una investigación. En ningún caso equivale a una declaración de culpabilidad. Y, más aún, he dicho que no estoy disponible para aceptar una salida alternativa que implique reconocimiento de culpa por una actuación maliciosa.

Carlos Peña argumenta que la presunción de inocencia es para el modesto ciudadano, y no para los hombres públicos. No estoy de acuerdo. Los hombres públicos están más expuestos a acusaciones que pueden ser falsas. Necesitan, en consecuencia, que se les respete el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia. Tanto más cuanto que se ha transformado en una práctica muy extendida el uso y abuso de la demanda judicial para liquidar a oponentes políticos.

Por último, tiene razón Carlos Peña cuando sostiene que la lucha en contra de la dictadura no da patente de corso para hacer cualquier cosa. Hice referencia al papel de cada cual en ese periodo para argumentar en contra del carácter absoluto que le otorga a la imparcialidad. En ese período, yo, junto a muchos, fuimos deliberadamente parciales, tomamos partido y luchamos para que, entre otras cosas, Carlos Peña pudiera opinar libremente, aunque, desgraciadamente, use esa libertad para descalificar y ofender.

Carlos Ominami