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Cartas
Lunes 25 de enero de 2016
La dictadura como excusa
La respuesta de Carlos Ominami a mi columna del domingo 17 (Carlos Ominami versus Eliodoro Matte) no está, desgraciadamente, a la altura de los transpirosos siete días que le tomó redactarla.
La columna argüía que la situación de Matte y la de Ominami eran análogas y que, entonces, debía tratárselas de la misma manera. En efecto, ambos presidían un think tank (el CEP, Matte; Chile XXI, Ominami) y ambos estaban involucrados en conductas ilícitas (Matte al presidir una empresa que se había coludido; Ominami al haber ejecutado personalmente, cosa que no ha negado, actos ilegales). Las diferencias obran a favor de Matte y no de Ominami: Matte hasta ahora no ha sido imputado personalmente de cometer delito; Ominami será formalizado nada menos que por fraude al fisco. Siendo así ¿cómo pretender que Matte hizo lo correcto al renunciar; pero que Ominami debe seguir en su cargo? Es verdad que Matte vive de sus empresas (una de las cuales timó a los consumidores) y que Ominami se financia en parte solicitando dádivas a ellas (y que alguna vez las disfrazó con facturas); pero no creo que esa diferencia justifique abandonar la analogía. Por el contrario, ella sigue en pie.
Carlos Ominami esgrime, además, en su defensa, el principio de presunción de inocencia. Repite así un argumento que suele estar presente cada vez que se descubre a un miembro de su gremio en conductas ilícitas. Lo hizo Novoa en su momento, lo hace él ahora. Pero ocurre que la presunción de inocencia existe como defensa del ciudadano frente a la coacción estatal y no puede ser usada (menos por los políticos profesionales o los funcionarios públicos) como una inmunidad frente al escrutinio público o la opinión crítica de la prensa. Los políticos profesionales como Carlos Ominami (es decir, quienes viven para la política y además de ella) no pueden reclamar como único estándar para juzgar su comportamiento el de la ley penal.
Carlos Ominami esgrime, en el último párrafo de su nota, su innegable oposición a la dictadura como la defensa final de su conducta. Es difícil, por supuesto, entender cómo la oposición a la dictadura podría justificar pedir y obtener, de manera ilícita, dineros de Julio Ponce Lerou que es lo que Ominami hizo.
Y en cualquier caso, y frente a ese argumento final de Carlos Ominami, no cabe más que preguntar: ¿Hasta cuándo la opinión pública aceptará que se esgrima el papel jugado en la dictadura como una manera de justificar la conducta ilícita, evadir la responsabilidad y eludir los reproches? ¿Acaso haberse opuesto a la dictadura confiere una patente de corso para ejecutar cualquier conducta en los años que le siguieron?
Carlos Peña