¿Qué suerte debiera correr la Ley de Pesca ahora que se descubrió que mientras se la tramitaba, el senador Jaime Orpis recibía con escrupulosa regularidad una mesada de parte de una de las empresas (Corpesca) que serían afectadas por ella?

Como es fácil comprender, los ciudadanos confían en que sus representantes, a la hora de pronunciarse acerca de un proyecto de ley, tengan a la vista el interés general y desechen conferir especial peso a algún interés particular. Si cada representante actúa de esa forma -si, ayudado por su ideología, se esmera en identificar el interés general-, entonces la voluntad que surge del Congreso, y que se expresa en la ley, es una voluntad bien formada que puede reclamar la obediencia de parte de los ciudadanos. La democracia es, después de todo, eso: un procedimiento para formar una voluntad común a la que todos se sienten vinculados. La legitimidad de una ley en una democracia deriva, casi en su totalidad, de la limpieza del procedimiento adoptado para producirla.

Pero si uno de los representantes, como es el caso del senador Jaime Orpis, por ambición o por temores alimentarios, se dejó convertir en paniaguado de uno de quienes debía regular, ¿cómo podrían confiar los ciudadanos en que la ley, en cuya formación él participó, está bien hecha? Por supuesto que la voluntad de Jaime Orpis era solo una, y a la formación de la ley concurren muchas. Pero apelar a la inferioridad numérica de quienes son paniaguados en frente de los que no lo son para salvar el problema (arguyendo que incluso si quien recibía dinero seguía instrucciones a la hora de votar, su voto sería insignificante en el resultado final) es simplemente pueril: la labor de los senadores no se reduce a votar, pues ellos deben dar opiniones, allegar antecedentes, persuadir, deslizar información en los pasillos para convencer a sus pares, integrar las comisiones (fue el caso de Orpis) y relacionarse con otros miembros del Congreso que, menos interesados en el tema de que se trata, en este caso la Ley de Pesca, confían en la opinión de quien ha dedicado más tiempo a ella (sin suponer, claro, que lo hacen movidos por el combustible infalible de una mesada). Un senador pagado por una empresa mientras se tramita el marco regulatorio de la actividad a que la empresa se dedica es, objetivamente hablando, el lobby perfecto: el sujeto que tiene el encargo de influir coincide del todo con el que debe ser influido.

El asunto es más grave todavía tratándose de la Ley de Pesca que concedió "regalos regulatorios" a un grupo de empresas.

En Chile suele hablarse, por parte de los empresarios, de la manera en que algunas regulaciones legales o administrativas recortan o disminuyen su propiedad (lo que en la literatura legal anglosajona suele llamarse regulatory takings ). Pero guardan piadoso silencio cuando la ley les regala derechos de propiedad, cuando les concede el derecho exclusivo de explotar algún bien excluyendo a todos los demás (lo que en esa misma literatura se denomina regulatory givings ). Este último fue el caso de la Ley de Pesca. Como no puede concederse a todos un derecho indiscriminado a explotar los recursos pesqueros (de ser así, a poco andar se extinguirían), la alternativa es establecer cuotas solo a favor de algunos. El problema es que en el caso de la Ley de Pesca esas cuotas no se licitaron a cambio de un precio, sino que simplemente se entregaron a algunas empresas. Fue un perfecto regalo regulatorio, una pesca bíblica, milagrosa, en la que el Congreso cumplió el papel de Jesús y las empresas el de muchos Pedros agradecidos.

¿Puede considerarse válida una voluntad común que confiere tal regalo regulatorio una vez que todos saben que uno de los legisladores -uno de los influyentes en el tema- pagaba sus cuentas gracias a una de las empresas que acabarían recibiendo la dádiva?

Es verdad que en el sistema legal chileno no existe un procedimiento para anular la ley (lo que importaría privarla retroactivamente de sus efectos, hasta alcanzar el punto inmediatamente anterior a su aprobación); pero no cabe duda de que ella puede ser derogada y discutida de nuevo, aun arriesgando, claro, el alegato de las empresas que recibieron el regalo regulatorio, que eso las privaría de su propiedad. Pero ese riesgo y esas dificultades deben correrse por parte del Congreso si quiere salvar su prestigio hoy día justamente maltrecho por conductas como la de Jaime Orpis, quien aceptó ilícitamente dinero para evitar lo que a él -en un momento del que hoy debe arrepentirse- le pareció vivir a salto de mata.