Sorprende la publicación del decreto peruano que declara el año 2016 como de consolidación del Mar de Grau, concepto que arranca del artículo 54 de su Constitución. La disposición constitucional extiende la soberanía marítima a doscientas millas, sin distinguir entre mar territorial, con los plenos atributos soberanos sobre las 12 millas contiguas a la costa, y las 188 restantes, con amplios derechos de comunicación y tránsito marítimo de otras naciones, que conforme a la Convención del Mar constituye la Zona Económica Exclusiva.

Para precisar los alcances de la norma constitucional y el compromiso asumido por el Agente de Perú en su alegato final ante la Corte de La Haya -en cuanto a que su país, no obstante no haber suscrito, respetaba la Convención aludida-, su gobierno presentó un proyecto de ley sobre comunicaciones marítimas. Dicha iniciativa aclaratoria permanece empantanada en el Congreso peruano por casi dos años.

Aunque el decreto sobre el Mar de Grau obedeciera a fines políticos, promocionales y publicitarios internos, es indicativo de la falta de voluntad del gobierno del Presidente Humala de respetar el compromiso y la afirmación de su Agente y la necesidad de impulsar la Ley de Comunicaciones.

Coincidentemente con la declaración, la canciller del Perú anunció la intención de ordenar el regreso de su embajador a Santiago, luego de haber sido llamado a informar a Lima. El plenipotenciario, un par de meses atrás, hizo mal uso de una invitación y de la confianza de la Presidenta de la República con sus inoportunas declaraciones limítrofes en La Moneda. Entonces a la salida de un encuentro con la mandataria, acompañando a una delegación de invitados peruanos, sorprendió refiriéndose a los polémicos derechos de su país sobre lo que denomina triángulo interior, extensión de cerca de tres hectáreas, al sur del Hito Nº 1, punto de partida de la frontera entre Chile y Perú. Previamente su gobierno había tensionado las relaciones bilaterales con la presencia desafiante de militares peruanos en el Hito Nº 1 y con la promulgación de la ley que creó el distrito Yarada-Los Palos en Tacna, que incluye el mencionado triángulo, parte del territorio chileno.

Mientras Perú no suscriba la Convención del Mar, debe asegurar su respeto y que su declaración sobre el Mar de Grau no afecta a los derechos de libre navegación marítima y aérea y de comunicaciones por cables subterráneos de otras naciones. A la vez, el regreso del embajador, aparentando normalidad y sin mayores explicaciones, se contrapone con las medidas inamistosas del Presidente Humala y con las imprudentes expresiones del diplomático a la salida de su visita a la Presidenta, que han perjudicado seriamente su interlocución con las autoridades nacionales.