Los gobiernos se evalúan en términos de eficiencia o, en su defecto, eficacia. Precisemos los términos. Eficiencia significa seleccionar medios efectivos, invertir el tiempo adecuado para obtener los mejores resultados con los menores costos, lo que se llama "hacer las cosas bien". En cambio, eficacia alude a la capacidad de lograr el objetivo esperado con los recursos disponibles, lo que se llama "hacer las cosas correctas". Veámoslo en relación con la reforma educacional.

Habría que remontarse al programa de la izquierda gobernante: materializar una reforma educacional completa, cuyos principales acápites son una nueva institucionalidad para la oferta pública y un nuevo marco regulatorio para la educación superior, siempre bajo el predicamento de calidad en enseñanza.

En casi dos años de gobierno, sigue siendo una declaración de intenciones. El ministro del ramo, Eyzaguirre, sobre educación superior -ni pensar en nueva institucionalidad para educación pública- creó un panorama caótico, que la ministra Delpiano no ha resuelto.

Para salir del paso, la Presidenta, el 21 de mayo, prometió que a partir del 2016 "el 60% más vulnerable que asista a los centros de formación técnica, a institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o a universidades del CRUCh, accederán a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito, beneficiando a 264.000 jóvenes". A cabalidad no se cumplió el anuncio. Abrazos, fotos, declaraciones, eso de que la Presidenta cumplió su promesa... ¡Ay, Señor!, más moderación.

Todo ocurre por un error de origen. Un objetivo bien definido debe explicitar cuál será el logro, incluyendo la calidad esperada y el tiempo previsto para constatar el efecto declarado. De manera que la iniciativa podrá ser calificada de eficaz -no digo eficiente- si alcanza el objetivo en el tiempo y con la calidad señalada. Y no ha sido el proceder del Gobierno. La "obcecación" ha sido la gratuidad con todos los desaciertos que usted conoce, lográndose una solución parcial, a última hora y mediante una "glosa y ley corta". ¿Es un resultado? Sí, bien, gratuidad para algunos. Pero, ¿parece una actuación eficaz? El tiempo ha sido mal utilizado y sobre estándares de calidad aún existe un misterio insondable. De citar la reforma impositiva, la evaluación sería parecida o peor.

Nadie está en contra de la gratuidad para jóvenes vulnerables, pero se pide "hacer las cosas bien" o hacerlas "correctamente". Políticas públicas de esta envergadura requieren método, sistematicidad, planificación. Era de sentido común empezar por diseñar un marco institucional completo que regulara todos los aspectos que abarca la educación superior y prever que el gasto de la política fuese consistente con la proyección y estabilidad macroeconómica. Esto no se hizo. Hay quienes piensan que no se ha querido encontrar la forma de señalar "que esta reforma no se puede hacer hasta que el país tenga niveles de desarrollo" posibles de alcanzar en décadas (J. J. Brunner).

¿Y los costos de esta gratuidad parcial? Sin referirme a los tangibles, citaré los intangibles expresados solo por partidarios o simpatizantes del Gobierno: ambigüedad, incertidumbre para alumnos y familias, errores reiterados, falta de claridad, pérdida de tiempo, impericia, sin discusión de fondo, tener en vilo a los estudiantes, comedia de equivocaciones.

Todos queremos una educación de categoría, desde la básica hasta la superior, y pedimos hacer las cosas correctas, al menos, en los proyectos que vienen, sin efectismos. Tampoco con actitudes soberbias. Al respecto haría bien reflexionar sobre un comentario reciente de J. M. Insulza: "Todavía no somos una alianza de gobierno sustantiva con planes y programas y visión estratégica hacia el futuro... Si cada uno cree que la política es para imponer u obligar a otro, eso no funciona".