Señor Director:

Si algo positivo se puede rescatar del desprolijo proceso de introducción de la gratuidad, es que con la ley corta, presentada por el Gobierno para sortear la declaración de inconstitucionalidad de la glosa, se le pone punto final al CRUCh.

El Gobierno aceptó expresamente en esa ley que no es legítimo discriminar entre universidades privadas única y exclusivamente a partir de la fecha de su creación. De ese modo, el Estado puede privilegiar a sus propias universidades, como lo hace en esta ley corta, pero entre las privadas solo puede discriminar a partir de circunstancias objetivas, como los años de acreditación o el estatuto jurídico de sus controladores. De ello se sigue que en la futura ley de educación superior el CRUCh debiera desaparecer.

Juan Enrique Vargas V.
Decano Facultad de Derecho UDP