El fallo del Tribunal Constitucional ha hecho explícito lo que tantos sabían, aunque algunos no lo quisieran reconocer o enfrentar: gran parte de las principales figuras de la izquierda chilena no acepta la democracia.

Lo que la generación de los mayores de 60 vivió en carne propia entre 1965 y 1973 resultaba casi imposible de asimilar para los de menor edad. Pero hoy, cuando han conocido las reacciones de socialistas, comunistas y pepedés, tendrían que ser completamente nerds para no concluir que Chile está gobernado por sujetos que desprecian el Estado de Derecho que consolidaron en la Constitución el 2005, y en cuyo marco esos mismos individuos ejercen las magistraturas desde las que emiten sus descalificaciones.

Partamos con la Presidenta. Ante un fallo de un Tribunal establecido en la Constitución, ha reaccionado como si un socio la hubiese traicionado: "Algunos quieren impedir que cumpla con mi palabra, no me conocen; quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr", ha declarado Bachelet. Imposible no recordar cuando el Presidente Allende, el 1º de mayo de 1971, afirmaba que "yo le voy a echar para adelante; no le voy a poner el pie al freno, camaradas; pero que lo sepan de una vez por todas, sobre todo los militantes de la Unidad Popular: aquí hay un Gobierno y un Presidente, y si yo le echo para adelante, es porque tengo los pantalones bien amarrados".

Sigamos con la presidenta del Partido socialista, la senadora Isabel Allende, quien afirmó que "la justicia social no se detiene con procedimientos jurídicos de quienes defienden el modelo de inequidad en Chile". Hija de su padre, quien le reprochaba a la Corte Suprema, el 12 de junio de 1973, que el "proceso de transformación que vive el país y que expresa los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas, lleva en la práctica a que tanto la ley como los procedimientos judiciales sean puestos al servicio de los intereses afectados por las transformaciones". Como dos gotas de agua; de tal palo, tal astilla.

Agreguemos al ministro de Desarrollo Social, el comunista Marcos Barraza, quien ha afirmado que el requerimiento "es hacer uso de una institucionalidad que tiene que ser superada, como el Tribunal Constitucional, porque, definitivamente, no es razonable tampoco que el Tribunal Constitucional tuerza la voluntad democrática del Parlamento". Vamos a recordarle al ministro Barraza lo que su secretario general, Luis Corvalán, declaró el 6 de marzo de 1973, para que nunca parezca demócrata un comunista: "Sería simplificar el problema si dijéramos que el logro de nuestros objetivos revolucionarios es una cuestión de votos; no; jamás hemos considerado que la vía de la revolución chilena es una vía exclusivamente electoral".

Y terminemos con Jaime Quintana. El presidente del PPD ha insistido en que "cuando planteamos que se requería una máquina pesada para remover los cimientos del modelo neoliberal en educación, no estábamos equivocados". Se me vinieron de inmediato a la memoria las palabras del senador Montes del PC, cuando el 22 octubre de 1970, durante la discusión del estatuto de garantías constitucionales, sostuvo la "obligación del Estado de remover los obstáculos que se oponen al ejercicio real de la libertad de personas y grupos". Remover, remover...

La identidad de propósitos antidemocráticos, el lenguaje descalificador y la seguridad en el éxito son los mismos de hace 45 años.

La diferencia es que en aquella oportunidad se desarrolló la convicción de que había que decirles: ¡basta! Hoy, a lo más, se les interpela con un ¡modérense!

Quizás el propio Tribunal Constitucional haga oír una voz más fuerte y clara.