Señor Director:

Habiéndose cerrado el debate sobre el presupuesto 2016, y rechazado la "glosa de gratuidad" en el Tribunal Constitucional (TC), cabe un balance sobre cómo queda la reforma educacional.

La gratuidad fue planteada por diversas manifestaciones ciudadanas y actores educacionales como un elemento fundamental para construir una educación como derecho social universal y como espacio público. Se dijo claramente: Educación pública, gratuita y de calidad.

Hace meses, el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, tomó la decisión de aprobar vía Ley de Presupuestos una glosa que contemplaba un mecanismo de gratuidad en la educación superior para 2016. La estrategia de "reforma vía glosa", como diseño político, estrechó las posibilidades de debatir una reforma educacional sustantiva y la acotó a los montos, a los estudiantes beneficiados y a las consiguientes instituciones beneficiadas. Creó una cancha favorable a los opositores a la reforma, que alegaron la falta de recursos como tope infranqueable, y que buscaron dividir y neutralizar a los defensores de la reforma reduciéndolos al reclamo corporativo.

Con todo, se avanzó en cambiar el tono de la discusión sobre el financiamiento. Ya es ilegítimo el mecanismo de " voucher " porque se sabe que promueve el mercado. Desafortunadamente, la centralidad del financiamiento a las instituciones públicas no pudo ser defendida explícitamente porque se separó la gratuidad de la reforma institucional y política necesaria para que dicho principio sea no solo legítimo, sino eje de un cambio legal y político. La "gratuidad vía glosa" despolitizó la reforma. Con tal debilidad y sin horizontes claros, era evidente que los enemigos de la reforma echarían mano a instituciones antidemocráticas como el TC, para reponer por la fuerza principios que en la sociedad ya no son legítimos.

A pesar de este difícil escenario, la oportunidad de una reforma democrática sigue abierta. La ministra Delpiano debe aprovecharla. La estrategia de la "reforma vía glosa", y el análisis que la sustenta, deben superarse en aras de un debate plural y convocante que ponga en el centro la reconstrucción de la educación pública como pilar de la educación superior chilena. Por eso es fundamental que la Ley de Educación Superior no se envíe al Parlamento hasta que tal debate, y la fuerza social y política que pueda sumar a favor de la reforma, se constituyan y lleguen a buen puerto.

Las fuerzas democráticas que bregan por una reforma educacional sustantiva deben articularse en pos de reconstruir la educación pública e impulsar dicho proceso de debate. No se puede ser parte de la inercia y del cambio al mismo tiempo. Hay que optar. El propio movimiento social debe asumir una voz más política, reinstalando, con su energía y claridad, una discusión de fondo que se perdió en la sordera parlamentaria y tecnocrática. En definitiva, hay que unir a las fuerzas de cambio de la sociedad chilena.

Aportando en esa dirección hemos trabajado junto a diversas personalidades del mundo de la educación -desde la iniciativa "Compromiso por una Nueva Educación"- para presentar una propuesta a la ministra que demuestre que una reforma que ponga en el centro lo público no solo es posible, sino que puede concitar un amplio apoyo ciudadano.

No desaprovechemos esta oportunidad.

Víctor Orellana
Fundación Nodo XXI