El Gobierno utilizó la discusión de una glosa presupuestaria para iniciar el camino hacia la gratuidad universal de la educación superior (ES). Ha empleado pues una estratagema que, como veremos, genera una serie de consecuencias -de forma y fondo- cuyo impacto previsible se debe evaluar. ¿Por qué actuó así, sin una deliberación razonada y con la premura de un plazo fatal? Como sea, evitó una discusión sobre los alcances de su decisión.

¿En qué consiste el cambio buscado?

Básicamente, en trasladar una parte del gasto en educación superior que hoy financian los privados hacia el Estado. Es el primer paso de una política que eventualmente llevaría a sustituir el total del aporte de las familias y los estudiantes por gasto fiscal. Se reemplazaría así un esquema de costos compartidos entre el Estado y los hogares -que existe en la mayoría de los países del mundo- por uno dependiente exclusivamente del subsidio fiscal.

¿Podrá Chile concretar esa promesa y alcanzar la gratuidad universal en 2020?

Es perfectamente imposible. Hoy Chile junto a Canadá son -entre los país de la OCDE- los que tienen un mayor gasto total en ES (2,5% del PIB), inmediatamente debajo de los Estados Unidos (2,8% del PIB) y levemente encima de Corea (2,3% del PIB). Estos cuatro países poseen esquemas de costos compartidos, bajo el supuesto que la ES produce beneficios públicos y privados.

En cambio, los seis países OCDE que financian su ES únicamente con recursos fiscales (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Noruega y Suiza) destinan en promedio 1,4% del PIB a esta, a pesar de poseer ingresos tributarios significativamente más altos que Chile.

Ahora bien, mirando al fondo de la cuestión, y dado que Chile hasta ahora ha sido exitoso en la tarea de financiar su ES a través de un esquema de costos compartidos, ¿qué razón hay para descartar dicho esquema e intentar sustituirlo por uno distinto, de fuente (fiscal) única e inviable a corto y mediano plazo?

Este es uno de los arcanos de la política gubernamental más difíciles de descifrar, sobre todo si se recuerda que la propia Presidenta Bachelet señaló al comenzar la campaña presidencial que la gratuidad universal era un arreglo que ella no desearía para sus hijos y el país. Veamos pues qué razones pueden invocarse y cuán sólidas son.

Primero, que el financiamiento mixto impide una alta tasa de participación en la ES. Falso: Chile posee una tasa igual a la del promedio de los países OCDE, situándose en la parte más alta de la comparación dentro de América Latina.

Segundo, que ese esquema mixto obliga a Chile a excluir al quintil de menores recursos de la ES. Falso: Chile posee el mejor índice de participación de ese quintil dentro de la región latinoamericana, según las cifras más recientes del Banco Mundial.

Tercero, dado el peso del cofinanciamiento privado, Chile tenderá a una alta deserción y una baja tasa de jóvenes graduados por primer vez de la ES. Falso: Las estadísticas publicadas por la OCDE hace unos pocos días muestran que Chile se sitúa dos puntos porcentuales por arriba del promedio de los países OCDE en este indicador.

Cuarto, que la financiación mixta impide planificar el desarrollo del sistema con negativos efectos sobre la inserción laboral de los graduados. Falso: en Chile la tasa promedio de retorno privado a la educación superior es la más alta dentro de los países de la OCDE; la empleabilidad inicial promedio es satisfactoria según datos de Mi Futuro y el desempleo de los titulados es similar al del promedio de los países OCDE.

Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno explique por qué y para qué está pretendiendo alterar un esquema de financiamiento que aparece sólido y capaz de movilizar el esfuerzo nacional. Y que diga cómo espera asegurar que los cambios sean para mejor y no negativos.

Que las cosas pueden ir para peor, ya lo adelantó la Presidenta.

De hecho, la discusión y aprobación de la glosa presupuestaria que comentamos confirma ese aserto. Por lo pronto, discrimina entre jóvenes chilenos con las mismas necesidades socioeconómicas y similares méritos. Unos acceden a la gratuidad como un privilegio mientras otros quedan excluidos de ese derecho. Enseguida, discrimina entre instituciones. Unas se ven favorecidas discrecionalmente en perjuicio de otras. Además discrimina respecto de los derechos adquiridos por las instituciones en cuanto al pago del aporte fiscal indirecto (AFI). Especialmente las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980 verán recortado a la mitad dicho aporte sin compensación alguna. En suma, las cosas empeoran respecto del pasado y se tornan más confusas e inciertas respecto del futuro.

Por último, el nuevo arreglo de financiación para la ES significa -¡como está a la vista!- sustituir un esquema que reduce al mínimo la discrecionalidad gubernamental en la asignación de recursos por uno que la aumenta al máximo, con un evidente riesgo de favoritismos y formación de redes clientelares.

Me parece a mí que en todo esto el ministro de Hacienda ha mostrado una débil conducción. No ha podido detener una política que debe saber es equivocada y perjudicial para el sistema. Por su lado, el Mineduc no parece haber avanzado un ápice en sentido común y capacidad técnica. Resulta incomprensible asimismo que los líderes parlamentarios del oficialismo hayan permitido discutir tan complejas materias en torno a una glosa parlamentaria y hayan finalmente aprobado un esquema claramente regresivo. Sorprende por último -¿o no debería sorprendernos ya?- que los rectores de universidades, con escasas excepciones, jueguen un rol tan menguado en la deliberación pública de estos asuntos, que comprometen el futuro de sus instituciones.