El voluntarismo contra la eficacia

Impresiona la distancia entre un discurso gubernamental reiterativo en su promesa de reformas ambiciosas y la débil capacidad mostrada por la administración para gestionar esos mismos cambios. Ejemplo extremo es lo ocurrido con el proceso constituyente anunciado a mediados de octubre, y que, de acuerdo con el cronograma entonces comunicado, debería ya encontrarse en pleno desarrollo en su fase de educación cívica: hasta el momento los avances a ese respecto han sido nulos. Existen buenas razones para estimar afortunado el que una cuestión de esa magnitud se aborde de un modo más reposado, pero igualmente sorprende el contraste entre la urgencia con que inicialmente la autoridad planteó el tema y la escasa preparación que, según se observa a la luz de los resultados, parece haber habido tras ese anuncio.

Ha tendido a ser esa la tónica que ha acompañado toda la agenda de reformas del Ejecutivo durante su primer año y medio: la ambición de llevar a cabo aceleradamente cambios de profundidad inusitada ("estructurales", según los ha denominado el Gobierno), prescindiendo del rigor que la magnitud de ellos exigía. Una reforma tributaria que deberá ser modificada aun antes de su plena vigencia, de modo de intentar resolver cuestiones que la hacían en diversos aspectos virtualmente inaplicable, es muestra emblemática de ello. También lo fue la sucesión de improvisaciones que acompañó la discusión legislativa del inicio de la gratuidad universitaria, así como el hecho mismo de pretender reformar aspectos medulares de la educación superior por la vía de una glosa presupuestaria, camino de discutible constitucionalidad, pero sobre todo indigno de la tradición de seriedad en la discusión de políticas públicas a la que contribuyeron en el pasado figuras como Edgardo Boeninger y muchos otros.

Gestión e idoneidad técnica, el piso mínimo

Todo programa reformista que aspire a alguna perspectiva de éxito requiere fundarse sobre niveles mínimos de idoneidad técnica y capacidad de gestión del Estado. Así lo aprendió dolorosamente el país en el pasado y así lo confirma el fracaso económico y social en que han derivado los experimentos populistas latinoamericanos de la última década.

Aún lejos de esas realidades, existe, sin embargo, al interior del actual gobierno, una preocupante tendencia al voluntarismo que está en la raíz de problemas como los referidos. Así, los anuncios sonoros y los ánimos fundacionales pugnan con el realismo y la consideración cuidadosa de las consecuencias y alcances de cada decisión. Deriva ello en resultados paradójicos, como el de una administración comprometida con un fuerte discurso social, pero que solo puede otorgar a los trabajadores del sector público un reajuste que apenas cubre los efectos de la inflación. Y se expresa en resoluciones como la comunicada por la Presidenta, de enviar en diciembre al Congreso la nueva ley de educación superior, que analizamos en detalle en esta misma página.

De este modo, intervenciones marcadas por la sensatez, como el discurso de la Jefa de Estado en la Enade, no logran despejar las incertidumbres y desconfianzas que la acumulación de gestos voluntaristas han provocado. Algunas señales positivas

No es casual, pues, que las áreas cuyos problemas suscitan mayor preocupación entre los chilenos -seguridad ciudadana, salud y calidad de la educación- y donde los posibles avances más dependen de mejoramientos de gestión viven situaciones críticas. A su vez, las señales más positivas que deja esta semana poco tienen que ver con grandes cambios estructurales, pero sí con esfuerzos concretos por mejorar la respuesta del Estado frente a cuestiones acuciantes. Así, la participación del ministro del Interior, del próximo fiscal nacional y del general director de Carabineros en el Comité Policial reunido en La Araucanía para tratar la violencia rural muestra a las autoridades asumiendo un problema alarmante derivado del llamado conflicto mapuche, en lugar de insistir en minimizarlo, como ha tendido a ocurrir antes. Más importante aún es la cuantiosa inversión en vehículos tácticos de última generación que manifiestan en hechos el respaldo a la función policial y a su vez plantean a esta el desafío de mejorar la eficacia de su actuar en la zona.

En un campo distinto, y aunque motivada por razones personales, la renuncia del agente Felipe Bulnes supuso una dificultad para la defensa chilena ante La Haya. Ella fue acertadamente resuelta, sin embargo, con la designación de su sucesor, el ex ministro Insulza, quien hoy manifiesta en entrevista con este diario su voluntad de trabajar con todos los sectores y de abordar aspectos de la defensa que pudieron aparecer relegados en la etapa previa.

Y también en materia vecinal, revelador es que la reciente elección argentina, en que resultó triunfador un candidato de menor afinidad ideológica con las actuales autoridades chilenas, abra sin embargo nuevas y mejores perspectivas de cooperación bilateral.