El desprolijo inicio de la gratuidad puede reeditarse con la premura con que el Ejecutivo pretende ahora enviar el proyecto de ley que intenta cambiar el marco institucional de la educación superior.

La aprobación de la glosa presupuestaria que comenzó a instalar la gratuidad en la educación superior ha sido objeto de importantes cuestionamientos. Los criterios definidos para discriminar entre instituciones han sido discrecionales y no se han aplicado de manera igualitaria (hay algunas universidades del CRUCh que no cumplen las exigencias establecidas para las universidades privadas). Como consecuencia de esta decisión, los estudiantes vulnerables que han quedado excluidos de este beneficio son muchos más que los beneficiados.

Hay que recordar que este mal diseño fue consecuencia de un apuro presidencial por partir la gratuidad, planificado en rigor para 2017. Esta premura se vuelve ahora a repetir a propósito del proyecto de ley que aspira a cambiar el marco institucional en el que se desenvuelve la educación superior. La ministra de Educación había anunciado que su confección requería más tiempo del estimado inicialmente. Sin embargo, la Presidenta ordenó su envío antes de que termine el año. La consecuencia más probable es un proyecto con un diseño insuficientemente reflexionado.

No se puede olvidar que el Ministerio de Educación publicó a mediados de año un documento que planteaba las bases de esta reforma. Hubo un cuestionamiento transversal a la pobreza conceptual del mismo y a la escasa visión de largo plazo que contenía la reforma y que era indispensable para una transformación como la que se estaba anunciando. Es improbable que las deficiencias ahí reveladas puedan haberse corregido en un plazo tan breve. Es difícil concluir, entonces, que un proyecto presentado en las próximas semanas pueda dar cuenta razonablemente bien de los desafíos involucrados en la reforma que se quiere proponer. La recomendación que ha emergido en diversos foros, de un conjunto amplio de expertos nacionales e internacionales que han abordado este asunto, es que el Ejecutivo debe tomarse más tiempo para articular un buen proyecto.

Se puede argumentar que el Congreso es el lugar para enmendar los defectos contenidos en el proyecto. El problema, tal como demostró el inicio de la gratuidad, es que un mal diseño inicial genera expectativas de privilegios y recursos que rápidamente son internalizados por los diferentes actores del sistema y que hacen inviable una corrección que resguarde el interés público. En un régimen político como el nuestro, que tiene un Congreso técnicamente desfavorecido respecto del Poder Ejecutivo, es importante que los proyectos de ley sean sólidos en su origen. Más aún si pueden afectar en una magnitud significativa el desarrollo de un ámbito completo del quehacer nacional y, sobre todo, a una proporción importante de la población como son los 1,2 millones de jóvenes que asisten a nuestra educación superior. Un envío apresurado de este proyecto puede ser una grave irresponsabilidad política.