No serán pocos los funcionarios públicos que relacionarán el virtual congelamiento de sus sueldos -que implica el reajuste del sector para el 2016-, con la desatención con que se ha tratado el crecimiento del país durante la actual administración.

"No es grato no poder dar un aumento mayor que el que estamos dando hoy", ha declarado la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, tras ser aprobado en el Congreso un reajuste anual de tan solo 4,1% para los empleados públicos. En verdad, la cifra dista mucho de las peticiones de la ANEF -la respectiva asociación- y es inferior a la variación que están experimentando los sueldos y salarios del sector privado (6% en los últimos doce meses según el INE). De hecho, apenas supera en 0,1% la variación anual del IPC, esto es, equivale a un virtual congelamiento de las remuneraciones de los empleados públicos en términos reales.

En las conversaciones previas con la ANEF y en las negociaciones parlamentarias, ha sido el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien ha llevado la voz cantante. Como se había advertido, la desaceleración del crecimiento, y últimamente la caída del cobre, hacen inevitable restringir el crecimiento del gasto fiscal, luego de dos años de desorbitada expansión y alto déficit. La planilla de remuneraciones es un importantísimo componente del presupuesto y por eso el reajuste ha debido ser muy limitado. Acertadamente, el timonel de la política económica está logrando imponer realismo en el presupuesto fiscal y correspondiente aumento salarial. Además, el acotado reajuste puede servir de indicación hacia el sector privado que, dadas las circunstancias por las que atraviesa la economía, habrá que mantener a raya las presiones salariales y de otros costos.

Los empleados públicos tienen, sin embargo, buenas razones para estar insatisfechos. Si durante el cuatrienio anterior los reajustes en promedio superaron en 2% al IPC acumulado, en los dos años que lleva la actual administración ese margen ha sido de apenas 0,3%. La ley recién aprobada contempla un aumento de 9% en el caso de los sueldos más bajos, pero es sabido que no es allí, sino en los escalafones siguientes, donde los sueldos de la administración pública, en relación a los del sector privado, son más bajos. Aunque la necesidad de contener la expansión del presupuesto está obligando a limitar el incremento real de esos sueldos, en ello también incide que, a fin de honrar parcialmente los onerosos compromisos adquiridos por la Presidenta Bachelet ante la ciudadanía, el Gobierno ha debido priorizar otros gastos, como las subvenciones escolares que reemplazan los copagos de los apoderados o el primer paso hacia la gratuidad universitaria.

La falta de recursos que lamenta la ministra Rincón -y que perjudica hoy a los empleados públicos- no es obra solo de una desafortunada caída del cobre. Es consecuencia, por una parte, de una estrategia económica que, en lugar de priorizar el crecimiento del ingreso nacional, se ha concentrado en su redistribución, y por otra, de un diseño presupuestario que, en lugar de reconocer que la baja económica hace inviables las promesas electorales del Gobierno, ha insistido en financiarlas, aun a medias.