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Cartas
Viernes 27 de noviembre de 2015
Presupuesto para la educación superior estatal
Los principales reparos de quienes en su momento no apoyamos la Ley General de Educación (LGE) fueron la escasa preocupación por la equidad y que no se hacía cargo de la educación pública, en todos sus niveles. Las universidades estatales han reducido su participación en la matrícula de educación superior desde un 26% en 2005 a un 15% en 2015. Para el primer año de estudios representan apenas el 12%. La cantidad de alumnos de pregrado es prácticamente la misma en toda esta década. En dicho período, las privadas no CRUCh aumentaron 84%. Los centros de formación técnica casi duplicaron exactamente sus alumnos. Los institutos profesionales, en tanto, más que triplicaron sus estudiantes.
Esto no se debe a falta de confianza en la educación superior estatal. Los planteles públicos siguen siendo elegidos por un significativo número de jóvenes y sus familias, que reconocen no solo su calidad y tradición, sino también la diversidad social y cultural de sus aulas.
La pérdida relativa de matrícula se debe esencialmente a décadas de falta de una acción decidida del Estado para su fortalecimiento, que incluyen la insuficiencia de recursos para que sus cupos en carreras profesionales crecieran junto con las necesidades de la sociedad, el abandono de la oferta técnica, la persistencia de amarras y controles administrativos y la ausencia de una política de recursos humanos atractiva, indispensable para actualizar y renovar sus cuadros académicos.
En el presupuesto 2016 hemos propuesto establecer un programa especial sobre educación superior estatal, separado de la educación superior general. Ello apunta a comenzar a superar la falencia descrita y expresar formalmente el deber y compromiso del Estado con sus universidades.
Algunos han visto en esto una amenaza. Incluso se habló de "discriminación". Lo cierto es que no hay modificación alguna en las asignaciones, solo una desagregación que apunta a mostrar claramente los recursos que el Estado invierte en sus instituciones.
No hay diferencia arbitraria cuando el Estado se ocupa de financiar en forma suficiente a sus planteles. Nadie puede sentirse menoscabado cuando este reasume formalmente su responsabilidad con sus universidades; menos si, al mismo tiempo, los recursos totales disponibles para la educación superior aumentan significativamente y el país avanza a recuperarla como un derecho universal.
Durante la próxima discusión de la Ley de Educación Superior deberán seguir reforzándose estos conceptos. Debemos ir hacia un modelo con tres sectores claramente diferenciados: uno enteramente privado, que no reciba aporte ni beneficio fiscal alguno; uno privado con vocación pública, que acceda a recursos estatales, y el estatal, con autonomía y recursos suficientes para desarrollarse, que permita garantizar el acceso a la educación, que exprese una visión republicana y democrática de la sociedad y que se oriente hacia los objetivos, prioridades y desafíos que el país se proponga.
Carlos Montes
Senador PS