Es precisamente en un país como nuestro Chile actual, con altos índices de estabilidad y crecimiento económico y que se ha posicionado como líder entre los países latinoamericanos en materia de desarrollo humano, donde se puede generar la instancia de deliberación respetuosa, participativa, plural, inclusiva, tranquila e informada para generar los cambios necesarios que exige la ciudadanía.

En paralelo al sostenido desarrollo que ha experimentado Chile, se ha acentuado la desconfianza que sienten los chilenos respecto de las instituciones y la política: los partidos políticos son las instituciones que menos confianza inspiran, y la política en sí ha perdido su credibilidad (de acuerdo con la última encuesta CEP, un 88% de los encuestados respondió que la política no le inspiraba ninguna o poca confianza).

Los tribunales de justicia, el Congreso Nacional y el Gobierno son evaluados negativamente. De acuerdo con el informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para Chile, los chilenos no estamos conformes con la Constitución actual y exigimos cambios. Más del 75% demanda cambios profundos en ámbitos como salud, educación o pensiones; un 66% demanda cambios en la Constitución Política y un 61% señala que hay que actuar rápido porque los cambios no pueden esperar.

Es obligación preguntarse, ¿esperamos una crisis? ¿esperamos que la desconfianza aumente y nuestra democracia se deteriore con todas las implicancias de ruptura e intranquilidad que ello conlleva? Pareciera razonable anticiparnos y construir un futuro con confianza y respeto.

Precisamente porque vivimos en un momento de estabilidad y no de crisis es que podemos sostener que este es el momento para definir el país que queremos construir.

La inclusión y la libertad que permite el momento actual que vive Chile son inéditas, y bien lo han demostrado los intensos debates que se han producido en la opinión pública y en la academia en torno a la forma y fondo de una nueva Constitución, así como la decisión del Gobierno de instaurar un proceso de educación cívica para llevar el debate a toda la sociedad.

Todavía hay muchos temas sobre los que deliberar: la forma en que consagraremos los derechos fundamentales y si admitiremos derechos sociales; cómo incluiremos a los pueblos indígenas, migrantes, discapacitados y todo sector de nuestro país; tenemos que definir cómo lograremos legitimar nuestras instituciones, especialmente los partidos políticos; cómo recogeremos la dignidad humana y la probidad; incluso, si cambiaremos la forma de nuestro gobierno, entre tantos otros.

Entonces, ¿esperaremos a que los índices de deslegitimación de nuestras instituciones alcancen sus máximos y estalle una crisis, en donde el desorden impida una discusión serena e inclusiva, para enfrentar estos debates?. ¿O aprovecharemos este momento inédito, en el que la ciudadanía demanda cambios y en el cual podemos debatir y deliberar en interés de todos?

Una nueva Constitución no logrará un mundo ideal ni perfecto. Sin embargo, una Constitución producto de un proceso que nos permita efectuar una deliberación serena e inclusiva acerca del país que queremos seguir construyendo, siempre será legitimada y entendida como nuestra, y esto es precisamente a lo que debe aspirar un país comprometido con un desarrollo humano íntegro, del cual participen todos sus ciudadanos.

Si no está roto, no esperemos a que se rompa.

Davor Harasic
Decano Facultad de Derecho, Universidad de Chile