Un público diverso, incluyendo políticos, sostiene que la Constitución de 1980 es ilegítima por su origen espurio. Por haber sido elaborada por un grupo de juristas y políticos nombrados por Pinochet y plebiscitada en forma muy irregular, aunque aprobada por el 67% de sufragios emitidos. No parece buen argumento, desde un punto de vista histórico. Hechos.

La Carta de 1925 surgió del Presidente Arturo Alessandri y estando el Congreso Nacional clausurado. Nombró una subcomisión de 15 personas, presidida por él para confeccionar el proyecto de reforma, que una comisión consultiva, integrada por políticos variopintos y oficiales de Ejército, debía aprobar. La mayoría quería mantener el sistema parlamentario, pero se impuso la decisión personal favorable al presidencialismo expuesta por el comandante en jefe del Ejército, Mariano Navarrete, moción coincidente con el Presidente y la oficialidad. Se sancionó el proyecto y sometió a plebiscito, aprobándose solo por un 42% de electores. La abstención superó el 50%. Aun si aceptáramos que hubo irregularidades en 1980, es muy probable que el porcentaje aprobatorio haya sido mayor que en 1925.

Y esa Constitución existió por 41 años y no sucumbió por aspectos de contenido, sino por el ideologismo y polarización política reinante hacia 1973. Fue legitimándose a pesar de su origen, porque rigió la vida republicana del país, y aun fue perfeccionándose la democracia representativa en el trayecto.

A su vez, sectores académicos sostienen que la Constitución actual es ilegítima por su contenido, porque inhabilita al pueblo, lo neutraliza, para impedir que pueda eliminarse el modelo político-económico. ¿Las trampas que contiene? Hace imposible disponer de quórums calificados para ese cometido y para sustituir el Tribunal Constitucional. Parece un argumento rebuscado y hoy sin sustento.

El articulado de la Constitución ha sido modificado (1989-2005) en aspectos esenciales, mediante decisiones colectivas vinculantes, al punto de que la Constitución de 1980 es completamente distinta en nuestros días. Digamos que desde 1990 inició un proceso de legitimación. Chile ha experimentado una vida republicana y han gobernado el país presidentes que fueron contrarios a Pinochet, reconocidos mundialmente, incluyendo a la actual Presidenta y un Congreso mayoritariamente de izquierda. ¿Puede insistirse en ilegitimidad? Si hasta la "trampa" que impedía al pueblo elegir sus representantes, incluso para disponer de quórums calificados, ha desaparecido: el sistema binominal.

La legitimidad la otorga el titular del poder, la ciudadanía que dota de autoridad a sus gobernantes al reconocerles validez y cumplir el mandato de las leyes. ¿Ha ocurrido algo diferente en todo el tiempo transcurrido? La Constitución del 80 se diluyó y la nueva versión ha sido apropiada por los chilenos, que la sienten suya. Extraña, entonces, que quiera borrarse con el codo lo que se firmó o legitimó con la mano, en solemne ceremonia, hace unos años. Extraña, porque lo realizó un respetado Mandatario, Ricardo Lagos, que se vanaglorió "de mostrar al mundo una Carta digna de una nación democrática", agregando que lo único pendiente era un "sistema por el cual las elecciones reflejen adecuadamente el sentir de cada uno de los chilenos". Ya lo tenemos.

De haber llegado a una convicción distinta, luego de una reunión con la Presidenta Bachelet -"ahora hay que pensar en una nueva Constitución"-, sería importante conocer por qué cambió de opinión. ¿Acaso le parece impropia la que suscribió, y de no ser así, qué aspectos considera necesario modificar? El principal objetivo del programa de gobierno es la instauración del Estado Social y hay razonables sospechas para creer que la fase pedagógica del proceso constituyente tenga como meta la promoción popular del sesgo estatista. ¿Es esa la nueva Constitución que se propone apoyar el ex Mandatario?