Debo ser uno de los pocos chilenos vivos que ha participado -como integrante del "pueblo"- en un debate nacional para elaborar una nueva Constitución. Tal vez de allí deriva mi escepticismo frente a esto de invitar a "todo un país" a discutir sobre algo tan complejo como la carta magna. La experiencia la hice en Cuba, en 1975, junto a 6,2 millones de cubanos, que representaban el 98% del universo electoral. Entonces fuimos sometidos a fogosas charlas de cuadros comunistas sobre Constitución, y posteriormente invitados a "debatir" sobre el proyecto oficial en sindicatos, comités de defensa de la revolución, regimientos o universidades. El resultado: infinitas sesiones a grito pelado que duraban más allá de la medianoche, la aprobación del proyecto por 99% de la ciudadanía y -¡oh, coincidencia!- el parto de una Constitución similar a la soviética.

José Stalin afirmaba que en las elecciones lo clave no es contar los votos sino cómo se cuentan, algo válido para esa consulta constitucional: tras proponer más de 10.000 rectificaciones, los 6,2 millones de cubanos aprobaron en 1976 una Constitución calcada de las de los países comunistas. Nadie cayó, sin embargo, en la cuenta que al mismo tiempo era despojado del derecho a salir de la isla, disponer de propiedad privada, renunciar a la ciudadanía cubana o a formar partidos independientes. O "las masas" no piensan, o Stalin tuvo excelentes discípulos en Cuba.

En la Universidad de La Habana los debates sobre el proyecto, que fue redactado por 20 altos dirigentes comunistas, tenían lugar en "brigadas" de 12 a 14 alumnos, dirigidas por la Unión de Jóvenes Comunistas. Pese a no ser cubano, pude participar porque en rigor daba lo mismo: los artículos se aprobaban uno a uno y a mano alzada. Curiosamente, toda idea nueva que se planteaba ya estaba, supuestamente, "de alguna forma" en el proyecto oficial, por lo que solo discutimos si Cuba debía conservar su nombre de República a secas o llamarse "República Socialista". Ganó lo primero.

Hay un asunto que puede ser de relevancia para los jacobinos de la Nueva Mayoría. Me refiero a quienes simpatizan con los regímenes de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, o sienten nostalgia por la extinta RDA. La Constitución cubana de 1976 recibió el puntapié inicial en 1972, cuando se creó una comisión constitucional. En 1974 Fidel Castro dio otro paso: fundó una comisión mixta entre gobierno y PC (que es lo mismo) y le encargó redactar el proyecto que en 1975 "debatió" todo el pueblo, y que fue ratificado después con sólo 1% en contra.

Algo más digno de recordar para nuestros jacobinos: entre la toma del poder por los Castro en 1959 y 1976, Cuba se rigió por una "Ley Fundamental", que era la Constitución anterior, la de 1940, pero adaptada a las necesidades del castrismo, es decir, sin libertades individuales ni derecho a crear organizaciones opositoras, y con expropiaciones exprés. La Constitución de 1976, que hablaba de la alianza con la Unión Soviética, fue modificada en 1992, cuando se la ajustó a la desaparición de los países comunistas, y en 2002, cuando se le agregó el "carácter irreversible del socialismo" en la isla, lo que expresa el temor de los gobernantes ante el fin del régimen estatista y de partido único.

Menciono todo esto porque los jacobinos, que critican con vehemencia la actual Constitución, pero simpatizan con el sistema de Cuba o Venezuela, van a gozar de enorme influencia en todo lo relativo a nuestro proceso constituyente. Lo digo también pues sospecho que las indicaciones del "pueblo", siempre tan idealizadas por el populismo, se las lleva a menudo el viento.

Ahora que Bachelet anunció un proceso constituyente ambiguo y contradictorio, cuyo único resultado cierto es que Chile se pasará años discutiendo sobre cómo llegar a una nueva Constitución o al perfeccionamiento de la actual, la que fue originada bajo Augusto Pinochet y perfeccionada bajo Ricardo Lagos, corresponde estar atentos a quién impartirá a la población la educación cívica en los cabildos. Mi experiencia en este ámbito me enseñó que en el debate constitucional ciudadano lo decisivo no radica en explicar qué es una Constitución sino en quién, bajo qué valores y con qué objetivos la explica. Por lo mismo, el proceso constituyente es demasiado sensible como para que quede en manos de políticos o partidos que respaldan o admiran a regímenes no democráticos del color que sean.