De todos los objetivos del Gobierno, el de contar con una nueva Constitución era el que suponía menores costos monetarios; pero el más enrevesado conceptualmente.

Lo probaron las palabras de la Presidenta Bachelet.

La Constitución de 1980, dijo anoche al inicio de su discurso, era producto de una dictadura ilegítima en su origen y, a pesar de los esfuerzos y las reformas, no había logrado durante un cuarto de siglo la adhesión de la ciudadanía. La paradoja salta a la vista y la anunció en la primera mitad del siglo XX Hans Kelsen: si la Constitución de 1980 es insanablemente ilegítima, ¿cómo podrían ser legítimas las autoridades -incluida la de la Presidenta- que fueron elegidas a su amparo? La legitimidad jurídica, enseñaba Kelsen, es una cadena cuyos eslabones no pueden romperse. Si el último eslabón es legítimo (no cabe duda que la presidencia de Bachelet lo es), entonces los eslabones que le antecedieron también lo son.

Salvada esa paradoja: ¿Es razonable el camino constitucional que anoche anunció la Presidenta Bachelet?

Veamos.

Desde luego no se trata de un camino, sino de muchos. Como en el cuento de Borges ("El jardín de los senderos que se bifurcan"), las palabras de la Presidenta no señalaron un camino, sino varios: ellos van desde la formación de una comisión parlamentaria a la convocatoria de una asamblea constituyente. Así, ninguna pretensión resulta tempranamente frustrada, ningún camino definitivamente bloqueado, ninguna aspiración se apaga y no hay motivos para el enojo prematuro.

El camino comenzará con la educación cívica, seguida de un conjunto de diálogos que acabarán en las bases de una nueva Constitución. ¿Qué se puede esperar de una educación cívica llevada a cabo en cinco o seis meses? Por supuesto, nada o muy poco. No es necesario haber leído a Hume (el aspecto más básico de la política es la facilidad con que unos pocos logran dominar a muchos) para predecir que esos diálogos, a pesar del empeño de la educación cívica, serán dominados por pequeñas élites ilustradas. El proyecto de nueva Constitución no será el fruto de un diálogo igualitario y sin distorsiones, a la Habermas, sino el producto de un pequeño grupo ilustrado, profesores, intelectuales, políticos. El momento originario de la política radical -el pueblo deliberando acerca de su destino- será el relato ex post de ese proceso.

El actual Congreso deberá, por su parte, habilitar, por 2/3 de sus miembros, al siguiente Congreso, el de 2017, para decidir qué alternativa, de las cuatro que la Presidenta delineó (asamblea constituyente, comisión bicameral, comisión mixta y plebiscito), deberá seguirse para deliberar acerca del proyecto que hubiere surgido del proceso que comenzará ahora mismo.

El procedimiento que delineó la Presidenta es una espléndida muestra de uno de los problemas que han aquejado al Gobierno: creer que basta inferir una consecuencia de un concepto para concluir que entonces es perfectamente posible en el plano de los hechos. Si el problema es crear una nueva Constitución, entonces basta, pareció pensar la Presidenta, o sus asesores, con delinear un procedimiento que recoja todos los puntos de vista, y que no tenga inconsistencias entre sí, para que el asunto esté resuelto.

Resta subrayar todavía el lugar más bien famélico en que queda el actual Congreso: nada más encargado de aprobar un menú de procedimientos de entre los cuales deberá elegir el que sigue. Ninguno de los actuales representantes adoptará una decisión final ni respecto del procedimiento de aprobación constitucional, ni respecto del contenido de la nueva Constitución.

Menudos representantes.

No deja de ser sorprendente que un gobierno anuncie una nueva Constitución socavando el suelo bajo sus pies: declarando insanablemente ilegítima una Constitución que se aplicó durante un cuarto de siglo y a cuyo amparo él mismo se eligió, y privando de todo poder constituyente al Congreso que, al menos hasta ahora, representaba la soberanía popular.

Son los problemas que surgen cuando se intenta cuadrar el círculo.

Carlos Peña