Para que la creciente práctica de las instituciones de rendir cuenta pública cumpla su sentido, es necesario que esa actividad reúna ciertas condiciones que impidan que derive en lo que el ex contralor -acertadamente- calificó como "un relato de cuentos".

La mayor parte de los organismos públicos rinden cuenta en cumplimiento de una obligación legal, pero otras entidades se han sumado a este ejercicio de manera voluntaria como señal de transparencia y control ciudadano a su gestión. Incluso el Congreso Nacional, por medio de los titulares de la Cámara y el Senado, realizó una inédita rendición de cuenta este año.

Tratándose de una práctica relativamente novedosa en nuestra institucionalidad, muchos organismos incurren en errores que le restan valor e interés. Algunas instituciones dan más importancia a comunicar las metas que se proponen alcanzar y las necesidades que tienen para lograrlas antes que someter a un escrutinio público la manera en que han cumplido con sus responsabilidades con los recursos que administran. Otros se alejan de la realidad dando cuenta de un panorama de metas cumplidas y avances sustanciales que contrastan con la percepción de sus usuarios directos. Y en el caso de otros organismos con menos interacción con la ciudadanía, la cuenta pública a menudo solo contiene temas internos: prestaciones a los funcionarios, abastecimiento de bienes y servicios para el ministerio, y que no tienen ninguna relevancia para la sociedad.

Con el objeto de consolidar esta práctica en el aparato del Estado, el Consejo para la Transparencia ofició a 692 reparticiones públicas con recomendaciones destinadas a perfeccionar las cuentas públicas que están obligadas a emitir anualmente. El organismo recomienda realizar consultas ciudadanas para conocer sus intereses, y que la cuenta tengan tres capítulos. Primero, uno que incorpora los aspectos institucionales del organismo, incluyendo misión, autoridades y otra información sobre personal. Segundo, aspectos presupuestarios, englobando la ejecución del presupuesto, y tercero, un informe sobre el cumplimiento de las metas y objetivos del organismo.

Se trata de recomendaciones útiles, que dan un marco para avanzar pero que pueden complementarse con medidas adicionales para dar vitalidad y sentido a las cuentas públicas.

Podría explorarse, por ejemplo, la introducción de un elemento adversarial. Que un miembro de la oposición legislativa o del consejo comunal, según sea el caso, habiendo sido informado previamente de su contenido, responda o comente la cuenta pública presentada por el ministerio o el municipio. Se podrían buscar figuras semejantes para la cuenta de la Fiscalía, de la Contraloría y de las principales instituciones públicas. La respuesta puede ser en el acto mismo o en una actividad posterior. Existe evidentemente el riesgo de introducir una pugna de interés de corto plazo, pero el objetivo es incrementar el examen crítico y formal de la rendición de cuentas, y estimular una redacción más prolija y reflexiva de la misma.

Lo fundamental es impedir que la rendición de cuentas públicas se transforme en un rito carente de contenido que, en vez de fortalecer la imagen de transparencia y control de la ciudadanía de las instituciones y organismos, se convierta exclusivamente en una ocasión de protagonismo de las autoridades y funcionarios llamados a rendir cuenta de su actuación.