Más allá de los cuestionamientos a los méritos de la gratuidad universal como política para la educación superior, ella es percibida como una iniciativa discriminatoria, ya que las instituciones elegibles están siendo definidas por criterios que son en esencia arbitrarios, marginando en su puesta en marcha a gran parte de los estudiantes vulnerables.

Además, hay varias instituciones que no teniendo problemas para realizar los cambios estatutarios necesarios para ajustarse a los criterios exigibles, están siendo excluidas. En efecto, el Gobierno definió en la glosa del proyecto de Ley de Presupuestos que crea el financiamiento por gratuidad que las instituciones deberían cumplir con dichos criterios al 30 de septiembre recién pasado. Eso ha dejado fuera de la gratuidad a instituciones respecto de las cuales no hay duda de su vocación y calidad. El caso más emblemático es Inacap. Ahí estudian muchas personas vulnerables que no van a recibir el aporte por gratuidad a pesar de venir de deciles más bajos en promedio que los estudiantes de las universidades elegibles.

Este problema podría haberse evitado si el Gobierno hubiese modificado en primer lugar el marco regulatorio, brindando a las instituciones la oportunidad de adaptarse a las nuevas exigencias. Inacap, como ha declarado su rector, habría escogido este camino. La arbitraria decisión no afecta, como pudiese pensarse, a Inacap, sino que a sus estudiantes. Para ellos y sus familias será incomprensible la decisión del Gobierno. Pero también la señal que se envía al sistema es negativa, ya que en la decisión de la autoridad la calidad parece ser secundaria.

Las restricciones financieras, que es la razón última que se le ha dado a Inacap para no incluirlo según se desprende de las palabras del rector, son entendibles, pero aun así debería ponerse la calidad al centro de las decisiones que se tomen, de modo que la restricción se aplique sobre la proporción de estudiantes beneficiados en esta primera etapa. Por ejemplo, en lugar de los primeros cinco deciles, incluir solo a cuatro, pero ampliándolo a todas las instituciones meritorias. La Presidenta Bachelet ha insistido en sus discursos en la imperiosa necesidad de tratar con igual dignidad a nuestros ciudadanos. Tiene toda la razón respecto de este desafío. Pero en el inicio de su política de gratuidad no se está aplicando este valioso principio.

En una transformación institucional relevante que requiere de diversos cambios es muy importante definir adecuadamente la secuencia más propicia para evitar distorsiones que afecten la legitimidad de una reforma y su sustentabilidad en el tiempo. Las modificaciones que quieren hacerse a la política de educación superior están siendo cada vez más cuestionadas a pesar de que recién comienzan a dar sus primeros pasos.