C. Said y J. Herrera

Este miércoles, las 25 universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) recibieron del Ministerio de Educación los datos para calcular los "aranceles regulados", algo que pedían desde que se confirmó que ese sería el mecanismo para financiar en 2016 la gratuidad para más de 200 mil alumnos de educación superior.

Estos valores mezclan los aranceles de referencia de las carreras y los años de acreditación, y determinarán cuál será el financiamiento con que contará cada institución.

Por ser un promedio, sin embargo, el cálculo hace que algunas casas de estudio figuren con menos recursos que otras, que arrojan un déficit. La U. de Santiago, por ejemplo, estima que recibirá $2.100 millones menos que este año, incluso sumando el 20% extra sobre el arancel regulado que el Mineduc se comprometió a financiar.

"Vamos a pedir que el Estado aumente de 20% a 25% (el financiamiento extra), o algo así. Ahí queda cubierta la mayor parte de las instituciones y no debería haber ese déficit", explica el rector Juan Manuel Zolezzi.

Según sus cálculos, si se descuentan los fondos que el plantel destina a becas, el déficit caería a $1.400 millones. Y si el financiamiento extra llega a 27%, sería de $105 millones.

Promesa del Ejecutivo Pero este no es el único plantel que enfrentaría déficit. De acuerdo con datos del centro de estudios Acción Educar, uno de los más afectados es la Universidad Diego Portales -una de las privadas que están en condiciones de acceder al beneficio-, la que podría tener una merma promedio por alumno de $1,3 millones, la más alta del sistema.

Además, la U. Tecnológica Metropolitana (UTEM) tendría una brecha de hasta $478 mil por alumno, y la UC de Temuco, de $400 mil por estudiante.

A pesar de que el CRUCh está a favor de la gratuidad, los rectores exigen que las brechas desaparezcan durante la tramitación de la gratuidad -inserta en el proyecto de Ley de Presupuestos-, y que así el Gobierno cumpla con la promesa que les hizo: que no recibirán menos recursos de los captados este año.

El rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, dice que "el Gobierno debe cumplir con que ninguna universidad vea detrimento en su presupuesto. Lo significativo es que se cumpla con la promesa que se hizo".

Luis Loyola, rector de la U. de Antofagasta, añade que los planteles estatales se sumarán sí o sí a la gratuidad, pero que si hay una brecha, el Mineduc tendrá dos opciones: "O aumenta el porcentaje de recursos o el aporte basal para los planteles del Estado".

Para Álvaro Rojas, rector de la U. de Talca, el problema de las brechas "no se resuelve con aumentar a 30% o 40% los recursos extras" sobre el arancel regulado, sino que se debe "ver y evaluar la complejidad de cada universidad en específico".

En cambio, el rector de la U. de la Frontera, Sergio Bravo, no cree necesario aumentar los recursos. "Hace tiempo el Estado fijó los aranceles y se dijo que las universidades no los podían subir más que el reajuste, y hay varias universidades que no cumplieron", advierte.

Pero la ministra de Educación, Adriana Delpiano, recuerda que el beneficio "no es obligatorio" y que "los costos que tiene una universidad dependen mucho de cuánto tiene cargado en el arancel otras acciones, y en eso los planteles tienen un grado importante de autonomía".

Más allá de los recursos, el vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, sostiene que hay aspectos que se pueden mejorar en el proyecto de gratuidad, como financiar solo la duración formal de las carreras, cuando los estudiantes tardan cerca de 30% más en terminar sus estudios.

Para Loreto Massanés, vicerrectora de Asuntos Económicos de la U. Católica, "el efecto de eso es incierto, porque de acuerdo a la ley se espera que estos alumnos una vez terminada la (cobertura de la) carrera asuman un crédito y se endeuden".