Cinthya Carvajal

Un día después de que el Ministerio Público solicitara la audiencia para pedir ampliar el plazo de la investigación del caso Penta -que vence hoy-, el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una nueva querella por delitos tributarios y evasión por donaciones para financiamiento irregular de campaña política.

Esta vez, la acción judicial es en contra del ex candidato presidencial Laurence Golborne, por "solicitar recursos (al holding Penta) para el financiamiento de campaña política, sin ofrecer a cambio ningún tipo de contraprestación", por un total de $120 millones en el año 2013.

Tal como ha ocurrido en las últimas presentaciones, la querella es nominativa o acotada a nueve personas.

La acción penal también está dirigida en contra de ex ejecutivos del holding Penta, como también de los controladores, Carlos Alberto Lavín y Carlos Alberto Délano; el ex gerente, Hugo Bravo; el actual contralor Marcos Castro; el ex gerente general, Manuel Antonio Tocornal, y el gerente de Desarrollo, Óscar Buzeta. Todos ellos, por rebajar "artificiosamente la renta líquida imponible" e incorporar a su contabilidad los montos correspondientes a facturas "falsas".

A ellos se suman los representantes legales de la sociedad Vox Comunicación Estratégica Spa, Gabriele Georgia Lothholz y Luis Esteban Calvo Astorquiza, quienes emitieron seis facturas "exentas de IVA y falsas" a Empresas Penta S.A. e inversiones Penta II Limitada, a petición de Golborne.

Según el SII, el perjuicio fiscal asciende al mes de agosto de 2015 a la suma de $45.365.007.

El organismo sostiene en la presentación que hay dolo por parte de los querellados, "ya que las acciones desplegadas demuestran un perfecto conocimiento tanto de lo reprochable y antijurídico de la conducta, como el resultado lesivo en relación a los intereses fiscales".

Agregan que la existencia del dolo se constata al observar las declaraciones transcritas "el hábito instalado al interior de las empresas que componen el holding Penta en orden a efectuar donaciones en forma ilícita, encubriéndolas mediante documentación falsa y el ánimo deliberado de Golborne de solicitar recursos para el financiamiento de campaña política, sin ofrecer a cambio ningún tipo de contraprestación".

El SII dice que considerando que los servicios referidos en las facturas fueron prestados a las empresas destinatarias de dichos documentos, puede concluirse que los querellados no podían menos que saber que su emisión "tuvo lugar para encubrir donaciones efectuadas en beneficio de Golborne con el objeto de evadir el pago correspondiente al impuesto".

Golborne: "Esos servicios corresponden a trabajos reales"

El 10 de junio pasado, Golborne declaró ante el SII y en esa ocasión aseguró: "Yo no recibí aportes directos, yo contraté servicios que fueron efectivamente prestados, en el área de comunicaciones y definición de perfiles, encuestas, elementos de marketing para la precampaña presidencial que estaba planificando el primer trimestre de 2013. Quiero agregar que esos servicios corresponden a trabajos reales que fueron prestados en su momento".

El ex candidato agregó que en diciembre de 2012 habló con Délano "para pedirle ayuda en el financiamiento para este período de análisis y preparación de precampaña presidencial".