J. Herrera y C. Said

Para el proceso de gratuidad del próximo año, el Mineduc se comprometió a que ninguna universidad recibiría menos recursos de los que captó este año. Sin embargo, tras conocer las fórmulas de cálculo de cómo se entregará el dinero -la que está contenida en la Ley de Presupuestos-, los rectores comenzaron a preocuparse sobre su eventual desfinanciamiento.

El próximo martes, el ministerio entregará una simulación de cómo se asignarán los US$ 767 millones destinados a este beneficio. Pero un análisis del centro de estudios Acción Educar, ligado a ex asesores del gobierno de Piñera, afirma que las universidades Católica y de Chile presentarían un déficit en sus ingresos si se suman al plan.

En el caso de la UC, la merma sería, en promedio, de $611 mil por alumno, mientras que en la universidad estatal sería de $135 mil por estudiante. Esto, considerando la matrícula actual de cada plantel, y tomando en cuenta que ambas compartirán un arancel regulado de $3,8 millones, incluyendo el 20% adicional que financiará el fisco.

El director de Acción Educar, Raúl Figueroa, explica que parte de la brecha que se genera se debe a que el arancel regulado que propone el Mineduc se calcula en base al actual arancel de referencia, el que "no guarda relación con la estructura de costo de las instituciones".

Además, advierte que con este mecanismo se pretende una "fijación de aranceles", y que "cualquier fijación de precios que venga de quien no administra un servicio (...) implica asumir una falta de información", y las consecuencias asociadas.

De no cambiar las condiciones, de posible déficit o bien de crecimiento de matrícula, la U. Católica evaluará no entrar al beneficio "En las simulaciones que se han trabajado con el ministerio, la brecha (a financiar) que hemos tenido es mayor a los $1.200 millones, lo que es un monto significativo", asegura el rector Ignacio Sánchez.

El sistema

Pero no solo estos planteles enfrentarán una brecha. En total, 18 universidades -de las 28 que podrían acceder a la política el próximo año- podrían tener una merma producto de los aranceles regulados.

Así lo afirma un análisis del centro de estudios Clapes UC, que afirma que entre las 10 instituciones que no se verían afectadas por la política, hay seis estatales y otras cuatro privadas del Consejo de Rectores.

Además, las casas de estudio sumarían unos US$ 30 millones en brechas, que deberán pagar por su cuenta.

"Hay cuatro o cinco universidades que tendrían brechas de más de $1.000 millones, que son montos importantes, porque viven ajustadas a sus ingresos", explica Carlos Williamson, autor del análisis.

De acuerdo al cálculo, el plantel que se vería más perjudicado es la U. Diego Portales, que aún no decide si ingresa a la política, con $4.200 millones de déficit. Mientras que entre las estatales, las que tendrían más problemas son la UTEM y U. de La Serena, con aproximadamente $1.000 millones de diferencia cada una.