En entrevista en este diario, el ministro del Interior reiteró que el combate a la delincuencia es una de sus prioridades, y al respecto expresó que "tenemos que pedir más estándares de eficiencia. Carabineros y la Policía de Investigaciones lo saben, lo aceptan y están en ello". Esta determinación es muy positiva y coincide con el cambio de sus máximas jefaturas. Sin duda, los designados por este gobierno lo fueron con ese preciso propósito, dada la embestida delictiva que sufre el país. De ellas se espera que impulsen los cambios conducentes a ese nuevo nivel de estándares.

Como todos los gobiernos del mundo, el chileno habrá de establecer qué instrumentos de control y evaluación aplicará para comprobar si realmente se cumple o no ese resultado de mayor eficacia. Los países avanzados ofrecen un abundante repertorio de fórmulas exitosas para eso, ceñidas al principio de gestión según el cual "no cabe esperar lo que no se inspecciona ni se mide". En el mundo privado, las fuerzas de la competencia y los precios relativos sellan la suerte de las empresas y de todos sus miembros. En las organizaciones estatales, las estructuras de gobierno corporativo y de rendición de cuentas deben reemplazar esa dinámica, para lograr la entrega de servicios de calidad que la ciudadanía espera a cambio de sus impuestos. Esto también vale para las fuerzas policiales. En la experiencia comparada hay diversos mecanismos mediante los cuales ellas son llamadas a rendir cuentas. En algunos países, los jefes policiales son designados por la máxima autoridad elegida del territorio respectivo (caso de Nueva York). En otros, como Inglaterra y Gales, lo son por una autoridad civil elegida específicamente para tal fin. En la primera elección (2012), pocas personas ejercieron el derecho a votar por quien los representa en la dirección de su policía, pero para las elecciones siguientes eso cambió radicalmente. Allí, las policías (y las cárceles) son inspeccionadas cada año por una organización independiente del gobierno, que mide y evalúa indicadores de eficacia: la dotación operativa en terreno, el costo por residente por día y las variaciones en índices delictivos son la primera capa de información libremente disponible. Puede que la tradición chilena sea muy diversa, pero algún sistema que estimule la eficiencia debemos tener.

Chile necesita avanzar sustancialmente en que el sistema penal en su conjunto brinde mejores resultados contra los delitos más frecuentes. Por ejemplo, dejar atrás la dicotomía entre casos policialmente resueltos y judicialmente resueltos, o la discusión centrada en la cantidad de policías. El foco debe estar puesto en terreno, en cómo los miles de efectivos contribuyen cotidianamente a resolver problemas delictivos. Ambas policías deben diseñar planes organizacionales con énfasis en resultados. Deben aplicar sin más renuencias el Banco Unificado de Datos y usar la información hasta ahora nunca compartida. Deben conocerse planes concretos y de cumplimiento verificable sobre cómo se resolverán problemas diagnosticados hace ya años (mallas curriculares desactualizadas, carreras profesionales desligadas del logro operativo en terreno y las primeras diligencias son solo algunos ejemplos).

Carabineros tiene muchas fortalezas: probidad en grado excepcional en Latinoamérica; sentido de cuerpo nacional; sentido de servicio comunitario, más allá de lo estrictamente antidelictivo -de allí su participación en múltiples otras actividades de estrecho contacto con la población, como factor ordenador, apaciguador, componedor-; sentido de sacrificio, tantas veces demostrado. Además, ha probado capacidad de adaptación a funciones y situaciones muy delicadas, como todo lo relativo a sus deberes fronterizos. Todo esto es muy valorado y debe preservarse. Sin perjuicio de ello, la gran demanda social de hoy es seguridad pública, y es a ese respecto que se espera un gran salto cualitativo. Las policías actuales están frente a una delincuencia multiforme, altamente tecnificada y organizada. Siendo así, la actual variedad de tareas policiales, por valiosas e importantes que sean, debe dar paso a una focalización antidelictiva. Esto supone priorizar, lo que implica incluso postergar algunas para mejor reaccionar ante el reto principal, y en esa dirección deben ir los recursos humanos y materiales.