Con la tradicional exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, efectuada el pasado lunes, se ha dado comienzo a la tramitación de la Ley de Presupuestos del 2016. En su completa presentación, el ministro Rodrigo Valdés dio a conocer su visión sobre la situación de la economía nacional y sus perspectivas para el próximo año, las implicancias sobre la política fiscal y las prioridades establecidas en el proyecto de presupuesto. El mensaje central del ministro es que se nos vienen tiempos difíciles, que la administración presupuestaria no puede sino tornarse más austera y que, en consecuencia, las expectativas de subsidios u otros apoyos fiscales que se suscitaron durante la bonanza deben "reacomodarse" a una realidad considerablemente más estrecha.

El pronóstico oficial de crecimiento económico es ahora de poco más de 2% para este año y poco menos de 3% para el próximo. El indicador de actividad de agosto, que anotó un incremento interanual de tan solo 1,1%, corrobora hasta qué punto ha detenido su marcha nuestra economía. La estrategia seguida por el Gobierno hasta ahora había sido confiar en una fuerte expansión del gasto público como herramienta reactivadora. Aunque ello puede haber ayudado a mantener el desempleo a raya, es claro que no ha logrado hacer remontar la actividad económica. La opción adoptada por el ministro Valdés es diferente: consciente de que el gran desafío de Chile hoy es sobreponerse a los efectos de la caída del cobre y que el principal obstáculo para ello es el derrumbe de la inversión privada, ha preferido contener la expansión del gasto a 4,4% real, la mitad de la prevista para el año actual. De este modo, el Gobierno pretende dejar espacio para que sea la inversión privada la que protagonice la reactivación, aprovechando un tipo de cambio muy favorable a las exportaciones, y evitar que un déficit fiscal persistente termine despertando desconfianza sobre la solvencia del país, eleve el costo de la deuda o alimente la inflación.

No obstante las lúcidas explicaciones de las autoridades, persisten dos dudas. La primera es que, aunque es cierto que el dólar alto, la salud de la banca, la fortaleza de las cuentas externas y el aún muy bajo nivel de deuda pública son factores muy favorables al desenvolvimiento de la iniciativa privada, todos los indicadores revelan que sus expectativas siguen por los suelos, y mientras eso no cambie es poco lo que puede esperarse de ella. Las reformas que promueve el Gobierno han herido profundamente la confianza en nuestra capacidad de crecimiento. De hecho, en su exposición el ministro destaca que las estimaciones de los expertos en cuanto a nuestro potencial de crecimiento de mediano plazo se han rebajado desde 5% a 3,6% desde el 2012 a la fecha, y que en ello inciden fuertemente la caída de la inversión y el estancamiento de la productividad. El Gobierno no está haciendo lo suficiente para rectificar el rumbo de sus reformas -como ha quedado en evidencia en la tramitación de la iniciativa laboral- ni ha desarrollado una estrategia procrecimiento. Desgraciadamente, el realismo que acertadamente ha impuesto el ministro Valdés conlleva una visión pesimista de nuestro futuro.

La otra duda es si la leve reducción propuesta en el déficit es suficiente para mantener la confianza de los inversionistas financieros nacionales y extranjeros en la salud de nuestras cuentas fiscales. El déficit efectivo se ha estimado en 3,3% del PIB para este año y bajaría tan solo una décima el próximo, valores que sería imprudente mantener a futuro porque nos traerían de vuelta a los tiempos de alto endeudamiento fiscal. Es cierto que la medición estructural del déficit -más apropiada para evaluar la sostenibilidad de la política fiscal- estaría bajando desde 1,6% a 1,3% del PIB, pero ella supone un precio del cobre de largo plazo de casi US$ 3 por libra, lo que para muchos hoy no resulta verosímil. De confirmarse los malos pronósticos para el metal rojo, el Gobierno tendría que prepararse para una nueva ronda de ajustes fiscales, ya sea a lo largo del próximo año o para el Presupuesto del 2017, año de elección presidencial. ¿Estará consciente la Nueva Mayoría de lo que ello implica para la viabilidad de su plan de gobierno?