El presidente del BancoEstado debió renunciar luego de aprobar un millonario bono de término de conflicto y otros beneficios en el proceso de negociación colectiva, sobrepasando los montos autorizados por el Ministerio de Hacienda. Lo anterior significó traspasar a los trabajadores más del 50% de las utilidades del primer semestre, recursos de todos los chilenos, cuya custodia es responsabilidad de los directores de la institución.

Los extraordinarios términos económicos conseguidos por los funcionarios y la aparente resignación del presidente obligan a reflexionar sobre el funcionamiento del gobierno corporativo de la entidad.

La dirección superior del banco corresponde a un consejo directivo de 7 miembros, seis de la exclusiva confianza de la Presidencia de la República y uno designado por los trabajadores del banco. La administración de este concierne a un comité ejecutivo integrado por el presidente, el vicepresidente y el gerente general.

Según su ley orgánica, el consejo directivo está llamado a aprobar "el sistema de remuneraciones del personal, sus beneficios, gratificaciones, incentivos o estipendios de cualquier naturaleza y las modificaciones que correspondan". El comité ejecutivo supervisó el proceso de negociación colectiva y aprobó el acuerdo alcanzado -incluido el polémico bono-, sometiéndolo luego a la ratificación del consejo. No se sabe de reparos en actas de algún director, por lo que la ajenidad con que algunos de ellos se han referido a lo sucedido no parece condecirse con la responsabilidad que les cabe.

El sindicato, que agrupa a más del 95% de los trabajadores de la empresa, aprovechó varias circunstancias para presionar por un arreglo muy conveniente para sus afiliados. Los efectos que puede tener la reforma laboral que busca el Gobierno se habrían visto dramáticamente ejemplificados si esos trabajadores hubiesen hecho efectiva la huelga, y eso lo advirtió el consejo directivo. Y no se trata solo del costo político, sino también de los perjuicios para los millones de trabajadores que reciben sus remuneraciones mediante la cuenta RUT, que podrían haberse visto -o se temió que así fuera- imposibilitados de acceder a sus sueldos. El gran acierto de la cuenta RUT ha transformado a esa entidad bancaria en un virtual servicio público. Esa excepcional posición es la que ha mal utilizado el sindicato para convertir a sus clientes en rehenes de sus demandas salariales. En eso no actúa distinto de como lo hacen los empleados del Registro Civil.

Con todo, el problema no parece ser una deficiencia de la ley orgánica del banco, sino de otro orden. Enfrentar las presiones exige la voluntad de las autoridades -que representan a toda la comunidad- de desnudar la actuación de los grupos de interés en desmedro del bien común. Los miembros del consejo directivo y del comité ejecutivo estimaron que existían circunstancias, desconocidas hasta ahora para la opinión pública, que justificaban resignar la defensa de todos los chilenos, a quienes pertenece la empresa. Un análisis de lo sucedido, que insólitamente puede repetirse en 27 meses, ilustra -junto a los riesgos de la reforma laboral- las limitaciones de un directorio sin mayor independencia frente al Gobierno. Mientras no haya indicios de que existe conciencia al respecto y se estudien medidas, la renuncia del presidente del BancoEstado puede ser una mera concesión comunicacional.