"El Gobierno, después de prácticamente dos años, fue incapaz de presentar un proyecto coherente". La lapidaria opinión es de Andrés Benítez, rector de la universidad Adolfo Ibáñez. Y es compartida por los rectores del G8, grupo de casas de estudios privadas no tradicionales que se someten al sistema PSU. Juntas, suman aproximadamente 130 mil estudiantes, un 20% de los universitarios del país. Tienen un promedio de acreditación de 5 años y atraen a jóvenes con buen desempeño en la PSU. Estas son algunas de las credenciales que muestran al momento de analizar, de manera crítica, el sistema de gratuidad anunciado por el Gobierno en una de las glosas del Presupuesto para el año 2016.

Reunidos en "El Mercurio", los rectores José Antonio Guzmán (U. de Los Andes), Fernando Montes (U. Alberto Hurtado), Federico Valdés (U. del Desarrollo), Rubén Covarrubias (U. Mayor), José Rodríguez (U. Andrés Bello), Cristián Nazer (U. Finis Terrae), más Benítez de la UAI -Carlos Peña de la U. Diego Portales envió su visión por escrito (ver recuadro)- explicitan sus aprensiones e interpelan al Gobierno para mejorar las cosas... aunque sin manifestar grandes esperanzas.

Porque, sostiene Valdés, con la definición de esta semana, "se constató la nula capacidad que ha demostrado el Ministerio de Educación para incorporar opiniones distintas a las de ellos. Da la impresión de que hay un núcleo que está llevando esto y que es absolutamente impermeable a la razón".

Y no logran entender que el Gobierno haya optado por incluir la fórmula de gratuidad en una glosa del presupuesto y no en una ley especial. "Hace muchos años que el país no estaba tan expectante por conocer una glosa presupuestaria", dice con ironía el rector Covarrubias, quien agrega: "Eso demuestra el profundo grado de improvisación y de desprolijidad con que ha actuado el ministerio". Mientras que Montes pone atención en la incertidumbre que se generó tras el anuncio del Ejecutivo. "No hay una ley que tenga reglas comunes, controles comunes y eso es gravísimo. No tenemos ninguna seguridad de cómo va a ser la futura ley de educación superior; por lo tanto, se generan precedentes que no sabemos si van a continuar en el tiempo".

"Se pone un pie sobre la autonomía de las universidades"

Sin excepción, los rectores ven con preocupación cómo las condiciones que plantea la gratuidad pueden transformarse en una "intervención" del Estado y atentar contra la autonomía de los planteles.

-La ministra Adriana Delpiano, planteó que este sistema hará repensar la extensión de las carreras, al financiar solo su duración formal. ¿Comparten esa mirada?

-Federico Valdés (UDD): No se puede pretender que las universidades reformulen sus programas de estudio en base al financiamiento del Estado. Eso es una cosa impensable y que pone un pie encima de la autonomía de las universidades.

Y agrega un dato: "El largo promedio de una carrera para un estudiante es un 38% más de lo que se estipula formalmente. Y tengo la impresión de que el 85 a 90% de los alumnos se demora más que el tiempo establecido; por lo tanto, dentro de los favorecidos, el 90% va a tener problemas. Será un conflicto que se va a desencadenar a muy corto andar porque muchos van a decir 'yo tenía derecho a la gratuidad y ahora me dicen que para mí no alcanza porque reprobé un ramo' " .

"Discrecionalidad con sello ideológico"

"Me sorprende la irresponsabilidad de los rectores del Cruch -insiste Benítez- que, en vez de plantear con firmeza que este sistema no es adecuado, adoptan una posición política. Es insólito que frente a este proyecto, que deja a varios con problemas de financiamiento, simplemente digan que van a aceptarlo. Han actuado, más que defendiendo los intereses superiores de sus universidades, como operadores políticos".

-¿Creen que se generarán futuros diálogos con el ministerio? ¿Cómo ha sido esa relación?

-José Rodríguez (U. Andrés Bello): La forma como el Gobierno ha llevado este proceso es exactamente lo contrario a lo que se debe hacer. La educación es una materia de Estado que debe trascender al gobierno de turno; la educación no es para que se den gustitos ideológicos. Hay una clara discriminación y discrecionalidad con un sello ideológico por parte del Gobierno.

-José Antonio Guzmán (U. de los Andes): Nosotros sabemos cómo ayudar a los alumnos de escasos recursos, el ministerio puede tener cierta idea de cuánta plata se necesita. Por eso se requiere diálogo y ver cómo mejorar el nivel académico de quienes tienen menos recursos, y eso es parte de un debate técnico que no se ha dado porque estamos centrados en otras cosas.

-Federico Valdés (UDD): Si lo que se pretendía resolver era el financiamiento, el mecanismo de las becas era más que suficiente, estaba ya en marcha y no requería de todo este proceso de los últimos meses que ha tenido en ascuas a todo el mundo.

-Fernando Montes (UAH): Nosotros tuvimos un diálogo con el Gobierno muy previo a esto, le planteamos nuestros puntos y la ministra dijo que le encantaría reunirse. Está la voluntad y nuestro deseo. Pero será respecto de la ley futura y con la angustia de lo que está pasando ahora con el Presupuesto.

Mayor segregación, cierre de planteles y baja en la calidad

La mirada de los rectores al futuro del sistema no es alentadora. El rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, es tajante: "Creo que este 30 de septiembre quedará en la historia como el día en que empezó la debacle del sistema universitario. Si pensara en los más pobres, el Estado debió partir la gratuidad en los Centros de Formación Técnica, donde están las familias más vulnerables y no en las universidades del Cruch".

-Andrés Benítez (UAI): Este proyecto, si bien es transitorio, tiene efectos permanentes. Por ejemplo, para el Inacap tiene un efecto directo que en este año el Duoc sea gratis y ellos no. Eso puede ser lapidario. Para la Alberto Hurtado no tiene nada de transitorio el tener que optar hoy por un sistema. Acá se comienza la gratuidad y no hay retorno. Lo más irresponsable es instalar un modelo permanente con un sistema transitorio. Es muy peligroso lo que está sucediendo, porque se están instalando las bases de un sistema universitario nuevo sin ningún proyecto.

-¿Qué ven a futuro? ¿Universidades gratis masivas y otras pagadas más exclusivas?

-Federico Valdés (UDD): Vamos a tener un sistema mucho más segregado del que existe hoy. Se supone que esta política es para reducir las diferencia, pero generará una segregación que nunca hemos visto. Las universidades que no quieran entrar a la gratuidad, ya sea porque no quieren perder su autonomía o porque no se les permitió, se verán obligadas a tener solo alumnos que puedan pagar y si se sigue con la pésima idea de terminar con los créditos y con las becas -que hoy permiten que alumnos de escasos recursos puedan entrar a cualquier universidad- van a pasar a ser solo para alumnos que puedan pagar y eso es una segregación que hoy no tenemos.

-José Antonio Guzmán (U. de los Andes): Lo que está primando aquí es una mirada sumamente economicista. Lo que dijo la ministra sobre acortar las carreras muestra que toman decisiones de naturaleza académica sobre la base de criterios económicos. Todo está centrado en la gratuidad, en los aportes, y se ha dejado de lado el aspecto académico.

-Cristián Nazer (U. Finis Terrae): Además de la incertidumbre, se generan expectativas que no van a a ser cumplidas. Muchos piensan que por estar en los 5 quintiles ya están en la universidad y no será así.

Peligro de quiebra de planteles

El rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez , alarma sobre el futuro de algunas casas de estudio. "Con el arancel regulado que fija la glosa, hay algunas universidades que terminarán con déficit. Pero ante esta duda la ministra dijo que eso sería un problema de la universidad. Esa aseveración de la ministra que gobierna el sector, en la práctica, está anunciando la quiebra de muchas instituciones a futuro o la existencia de un subsidio adicional fuertemente controlado del Estado, cada dos o tres años".

-Andrés Benítez (UAI): Este es un proyecto ideológico. Entiendo lo que quieren: instalar un nuevo sistema universitario y lo están logrando. Políticamente es muy atractivo. Efectivamente, más allá de las complejidades, habrá un grupo de jóvenes que va a estudiar gratis. Pero me preocupa que todo esto vaya en contra de la calidad y del sistema universitario como lo conocemos. Me explico que lo hacen porque es ideológico. Hay un objetivo de instalar la gratuidad, de instalar mayores controles. Muchas veces uno se sorprende, pero esto está pasando en todos los proyectos, por eso en lo técnico se hace inentendible.

El rector de la U. Mayor subraya el peligro que sufrirá la calidad de los establecimientos. Algo que comparten los otros líderes de las casas de estudio privadas. "Lo que proyecto a futuro es que habrá una pérdida de calidad gigantesca en todo el sistema universitario. Nos tendremos que acostumbrar con estas políticas como país y terminar con el orgullo que hoy todos tenemos de ver 3 o 4 universidades rankeadas en los mejores puestos latinoamericanos y mundiales", concluye.

A pesar de este panorama, el padre Fernando Montes sostiene que observa buenas intenciones de los sectores. "Si yo le pregunto a la ministra me dirá 'obviamente no quiero controlar las universidades, lo que queremos es un sistema mixto de educación' y para desarrollar eso es necesario que se generen las condiciones de diálogo".

Montes: "Estoy en una condición verdaderamente dramática"

El padre Fernando Montes se ve atribulado. La universidad que dirige cumple las condiciones para acogerse a la gratuidad, pero según el esquema propuesto por el Gobierno, se generaría un complejo escenario financiero para el plantel.

"Nosotros estaríamos dentro de las universidades que podrían entrar a la gratuidad. Pero yo le digo al ministerio: 'Si ustedes no quieren discriminar, juguemos en una cancha pareja donde existan condiciones iguales' ". Con ello se refiere al aporte directo que reciben del Mineduc las universidades que pertenecen al Cruch y cómo la Alberto Hurtado queda en desmedro para competir con ellas. Esto porque el arancel fijado por el ministerio no cubriría los gastos de la casa de estudio y no reciben otros aportes del Estado.

-¿Usted se acogerá al sistema de gratuidad?

-Estoy en una condición verdaderamente dramática, porque si lo acojo y no me dan aportes basales, quedo quebrado. Y si no lo acojo, tendría en llamas la universidad porque el 60% de nuestro alumnado cumple las condiciones para optar al derecho a ser gratuito. Si no lo hago me dirían que les estamos negando la gratuidad. Yo le he explicado a la ministra, pero... oídos sordos. Me parece inicuo y, de cierta manera, inmoral, porque genera una competencia en desigualdad total. Y le crea a una institución que quiere hacer las cosas bien, un impasse insoluble.

"Del G8, en teoría, nosotros y la Diego Portales podríamos entrar en este sistema. Pero hay plazo hasta el 10 de diciembre para decidir y comprenderá que si no conozco la ley, no sé cómo va a terminar. ¡Qué difícil tomar la decisión y qué terrible llegar a esa fecha sin haberla tomado! Es tremendo".

Los defectos de la glosa

La glosa tiene dos graves defectos: promueve la gratuidad para los cinco primeros quintiles a costa de mayores aranceles para el resto y establece un sistema de subsidios a la demanda que es discriminatorio.

Promueve, en primer lugar, mayores aranceles.

En efecto, como la transferencia por gratuidad que efectuará el Estado estará, en la mayor parte de los casos, por debajo del arancel real (que permite financiar la investigación, la docencia y la infraestructura), las instituciones estatales o privadas que decidan adscribir a la gratuidad no tendrán más que dos caminos: subir los aranceles de sus alumnos pertenecientes a los quintiles más altos a fin de mantener sus ingresos, o cerrar parte de sus programas para disminuir sus gastos. En ambos casos, la gratuidad será financiada en una parte importante por los propios estudiantes, sea porque algunos pagarán más, sea porque todos recibirán una educación de más baja calidad.

El segundo defecto consiste en estar diseñado como un sistema de subsidios a la demanda.

Al equivaler a un subsidio al estudiante (puesto que las decisiones de los alumnos de los primeros quintiles distribuirán los recursos de manera que ellos serán, lo quieran o no, portadores de un subsidio), el criterio es discriminatorio: trata distinto a jóvenes en la misma condición.

¿Había alguna alternativa mejor dada la escasez de recursos disponibles?

Por supuesto. Un programa de fortalecimiento de ciertas instituciones, por ejemplo, las estatales y las privadas que tuvieran una determinada concentración de alumnos de los cinco primeros quintiles (30 o 40%, además de contar con participación, ser transparentes y no poseer entre sus miembros sociedades comerciales) sería superior a este programa de apariencia (pero solo de apariencia) universal. Una solución así equivaldría a un financiamiento basal para algunas instituciones; concentraría recursos sin desfinanciar a las instituciones que participaran del programa; sería consistente con las políticas públicas de inclusión en el sistema escolar, y prefiguraría bien los rasgos de la futura reforma.

"No es aceptable que el ministerio quiera imponer un tipo de gobernanza"

Uno de los requisitos para optar al sistema de gratuidad es que la universidad garantice el derecho a participación de, al menos, un representante de los estudiantes o del personal no académico, con derecho a voz o a voto, en la administración central de la institución. Para algunos, es algo así como una triestamentalidad, pero suavizada.

Para los rectores del G8, aquello sería una imposición más del Gobierno que afectaría la autonomía.

El rector de la Andrés Bello, José Rodríguez, plantea que esto lo ve "como un acto voluntarioso y medio soberbio" del Ejecutivo. "La gobernanza es esencial para la calidad de decisiones que se toman en una universidad. Si analizamos las mejores universidades del mundo, ninguna tiene triestamentalidad, ni biestamentalidad. Incluso en algunas ni los profesores votan para elegir rector. Lo hacen expertos que están fuera de la casa de estudios. ¿Pero llega este gobierno y me quiere forzar a esto? Ah... entonces somos una raza especial", dice con ironía..

Fernando Montes, de la Alberto Hurtado, acota: "Es muy propio de la autonomía el cómo se gobierna una universidad, y no hay que tener miedo a la presión de ciertos alumnos".

Similar postura tiene Rubén Covarrubias, de la Universidad Mayor: "No es aceptable que el ministerio pretenda imponer un tipo de gobernanza; viola las autonomías y la heterogeneidad de los proyectos".