La presentación de las diversas partidas presupuestarias permitió desentrañar finalmente la forma en que se financiará la controvertida política de gratuidad en 2016. En una glosa presupuestaria de la partida de educación superior de la Subsecretaría de Educación se define, por un lado, las instituciones elegibles y, por otro, el mecanismo de asignación de los recursos.

Respecto del primer aspecto se contempla a las instituciones del CRUCh; las privadas no afiliadas a esta organización que, al 30 de septiembre de este año, estén acreditadas por al menos cuatro años, cuenten en calidad de miembros, asociados o beneficiarios de la respectiva corporación o fundación solo a personas naturales o jurídicas sin fines de lucro y que contemplen en sus estatutos el derecho a participación de al menos un representante de los estamentos estudiantil o personal no académico en algún órgano colegiado de la administración o dirección de la institución; y también a los institutos profesionales y centros de formación técnica que al 30 de septiembre estén organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y estén acreditados.

Es evidente la discriminación que existe para los estudiantes de los primeros cinco deciles que ya ingresaron a instituciones que cumplen el marco regulatorio vigente, pero que no satisfacen los requisitos acordados discrecionalmente en una glosa presupuestaria. Estos jóvenes tienen todo el derecho de preguntarse por qué no son objeto del beneficio de gratuidad, ya que difícilmente podrían haber anticipado que el Estado los iba a discriminar. La asignación discrecional de derechos es un punto de partida lamentable para la política de gratuidad que intenta impulsar el Gobierno.

En relación con la asignación del aporte por gratuidad -la segunda dimensión que aborda la referida glosa presupuestaria- también surgen cuestionamientos.

Esta se descompone en dos montos. El primero es la multiplicación del número de beneficiarios por un arancel regulado calculado a partir de una determinada fórmula. El segundo multiplica la brecha entre el arancel efectivo y el regulado por el número de beneficiarios. Esta cifra tiene un tope del 20 por ciento de la primera. La suma de ambos valores es el aporte por gratuidad: su determinación es muy similar a una beca. La aceptación de este aporte impide que la institución pueda cobrar un monto adicional a los estudiantes beneficiados. El tope definido es arbitrario y no está basado en ningún antecedente confiable. Algunas instituciones, aunque quisieran de buena fe participar en este esquema, podrían, producto de ese umbral arbitrario, tener que incurrir en una reducción significativa de ingresos, e incluso arriesgan enfrentar un déficit .

Una forma de evitarlo podría ser aumentando la matrícula (y haciendo crecer, por ejemplo, el número de estudiantes en cada curso), pero la glosa fija un límite máximo de incremento de alumnos nuevos: un 2,7 por ciento respecto de la admisión 2015. Indudablemente que esta disposición es una de control del gasto. Esta restricción limita la posibilidad de un cambio de estudiantes de una institución no gratuita a otra gratuita. Otra razón para que algunos jóvenes se sientan discriminados.

A todos los reparos que despierta la política de gratuidad universal que impulsa el Gobierno -tal como se aprecia en la opinión de diversos rectores que se recoge en esta edición-, partiendo por la pérdida de autonomía de las universidades, se suma su estreno con un esquema de financiamiento muy discutible y, además, discriminador.