Las encuestas dejan en claro que, junto a la seguridad ciudadana, la salud disputa el primer lugar como problema principal al que el Gobierno debiera abocarse prioritariamente. En el sector estatal, que atiende a la inmensa mayoría de la población, hay insatisfacción con la calidad de la atención y la oportunidad en que ella se entrega. En el sector privado hay mayor satisfacción con la atención, pero se cuestionan sus costos y, sobre todo, la manera como se definen los precios de los seguros y planes que cubren las prestaciones.

La interpelación a que fue sometida recientemente la ministra de Salud se concentró en el subsector público. Una dimensión relevante fue la construcción de nueva infraestructura hospitalaria. Hay en este ámbito un importante déficit que se refleja, por ejemplo, en la insuficiente disponibilidad de camas. En otras áreas estos déficits se han abordado con concesiones. Chile había comenzado a transitar en esta dirección en salud. Las complejidades propias de este sector crearon algunos problemas en las concesiones iniciales, pero nada que no pueda ser corregido. Sin embargo, el Gobierno las suspendió. La ministra Castillo no ofreció explicaciones convincentes sobre las razones para abandonar esta política.

Sin embargo, definió la construcción de 27 hospitales antes del término del mandato de la actual administración. Por primera vez se produjo un pronunciamiento concreto en esta materia. A la fecha se han iniciado solo seis de ellos. Hay, pues, dudas razonables respecto de las posibilidades efectivas de hacer realidad ese anuncio. Además, varios de ellos son pequeños y en localidades poco pobladas. No es evidente, entonces, que se corrija de modo relevante el déficit existente.

Asimismo, la ministra reconoció que la deuda hospitalaria ha alcanzado este año niveles récord, pero no parece existir una política de gestión de esta seria anomalía que aspire a resolverla de modo real y permanente.

En otras áreas faltaron precisiones. Por ejemplo, en cuanto al relevante aumento de asesores que ha existido, lo que lleva a preguntarse por las tareas que cumplen y si no correspondería que ellas fuesen realizadas por los profesionales más permanentes de esta repartición pública. Las políticas de salud se sustentan sobre estrategias de largo plazo, que requieren una administración preparada y altamente especializada.

Asimismo, sorprendió la poca claridad respecto de la lista de enfermedades que cubrirá la llamada "Ley Ricarte Soto" y la ausencia de planes más específicos para avanzar en la reducción de las listas de espera para cirugías no AUGE y consultas de especialistas. Con todo, fue un ejercicio de interpelación más interesante que otros, porque arrojó información valiosa para analizar la marcha del sector y los compromisos concretos de la autoridad. A eso contribuyeron tanto la formulación precisa de las preguntas por el diputado a cargo del interrogatorio como la disposición de sujetarse a esas consultas por la ministra requerida.