Actualmente, los correos electrónicos son parte vital de las comunicaciones y de los procesos de toma de decisiones. La inmediatez para ubicar personas y recibir información ha hecho de este medio algo imprescindible, pero todavía no hay una convención ampliamente aceptada para separar lo público de lo privado, lo cual genera problemas que incluso pueden llevar a una crisis política de proporciones.

Se pueden mencionar numerosos casos nacionales, pero es el proceso que está viviendo Hillary Clinton, en plena carrera presidencial, el que hace reflexionar sobre qué es factible y qué no lo es en las comunicaciones oficiales, y qué pertenece al ámbito privado. Se entiende que alguien en un alto cargo público tiene poco que quede en la esfera de su exclusiva privacidad. Cualquier mensaje puede tener contenido político, causar un efecto en las decisiones nacionales, y, en el caso de la entonces secretaria de Estado, significar una violación de las normas establecidas que pudieron amenazar la seguridad nacional.

El punto en cuestión en la polémica sobre Hillary es si al usar su servidor particular, y no el oficial del Departamento de Estado, amenazó la seguridad nacional, ya que el medio habría carecido de todos los resguardos para no ser hackeado , y si ella usó ese servidor para comunicaciones que pudieran clasificarse como " top secret " o "confidenciales". La controversia comenzó hace meses, pero ha ido creciendo a medida que se han conocido detalles al publicarse los contenidos de los mensajes y muchos piensan que podría hacer peligrar sus opciones presidenciales.

Otro aspecto a analizar es la conveniencia de hacer públicos los correos de una alta autoridad como Hillary Clinton, quien manejaba la política exterior de la principal potencia mundial. Esto expone públicamente su estilo de gestión, y, de cierta forma, devela la conducción internacional del primer gobierno de Obama. Ahí se han leído los correos de Hillary con sus principales asesores, las opiniones de política interna y apreciaciones sobre los aliados.

En aras de la transparencia, se abre un flanco que, a todas luces, se presta para interpretaciones que pudieran llevar a malos entendidos internacionales.

Una discusión franca y abierta sobre una situación específica conduce a tomar las decisiones correctas. Pero a veces, en esos debates, se dicen cosas que no son políticamente correctas. Esas, precisamente, no deben ponerse en un correo electrónico. Cualquier funcionario público (y también en el mundo de las organizaciones privadas) debe saber que sus mensajes pueden ser monitoreados y revisados por sus superiores, y que aun en el caso de no serlo, están a disposición suya por tiempo indefinido. En el caso de un cargo de elección popular, el acceso a los correos oficiales debería ser parte de la obligada rendición de cuentas públicas. El sentido común indica que no debieran usarse esos medios oficiales para asuntos personales.

A la luz de lo que ocurre en EE.UU. cabe reflexionar sobre el extendido uso en Chile de correos particulares por parte de altas autoridades, como ministros y legisladores.