La seguridad ciudadana -con razón- es un tema prioritario para la ciudadanía. No obstante, impresiona percibir las distorsiones que existen cuando se analizan sus causas y los responsables de enfrentarlas.

En un gesto inédito, en medio de una plaza pública (explanada del Centro de Justicia), el presidente de la Corte Suprema rindió cuenta de la actividad del Poder Judicial en relación con la materia, invitando a los demás actores a transparentar sus actividades, y dar a conocer a la ciudadanía las funciones que corresponden a cada uno de los actores del sistema.

Las cifras muestran una realidad alejada de la que percibe la opinión pública y los medios.

Solo 43% de las denuncias ingresan al Poder Judicial, de las cuales solo 1,51% corresponde a robos con intimidación y con violencia; 0,02% a robos con homicidios y 0,3% a homicidios. Esto evidencia que los delitos contra la propiedad y aquellos que afectan a las personas no ocupan un lugar determinante en la composición de las materias que son de conocimiento de los tribunales, desmitificando la errónea percepción que tiene la opinión pública al respecto, en el sentido de que acá habría responsabilidad judicial.

Por otra parte, las estadísticas dadas en esta cuenta respecto de las detenciones y prisiones preventivas despojan de todo sustento la popular tesis de la "puerta giratoria". No podemos seguir afirmando que nuestro sistema penal es excesivamente garantista cuando observamos que durante 2014 los tribunales ordenaron la prisión preventiva de los imputados en el 86,8% de los casos en que se solicitó y, en los casos restantes, solo el 20% de los solicitantes apeló ante esta decisión. La prisión preventiva es una medida excepcional en nuestro actual sistema penal, por lo que las estadísticas mostrarían un sistema más bien estricto que garantista.

A lo anterior debemos agregar que del total de sentencias dictadas durante 2014, el 88,9% son condenatorias. ¿De qué puerta giratoria estamos hablando?

Estas cifras nos obligan a reconsiderar las constantes críticas que tanto la ciudadanía como las autoridades dirigen al Poder Judicial, y nos invitan a preguntarnos por las verdaderas causas que están detrás de esta percepción de inseguridad que existe en nuestro país. Es lamentable la confusión que se ha generado en la opinión pública y resulta irresponsable continuar centrando nuestras críticas en responsabilidades que no existen, evadiendo otras que revisten una mayor urgencia, como es, por ejemplo, la gran cantidad de delitos asociados con drogas y la gran cantidad de casos en que no se logra identificar al imputado.

Para enfrentar adecuadamente el tema es imprescindible, pues, entender que existen distintos actores en este sistema y, por lo mismo, la persecución de los delitos no depende exclusivamente del Poder Judicial.

Es hora de que internalicemos que el enfrentamiento de la delincuencia y el logro de la seguridad ciudadana, antes o conjuntamente con ser un problema judicial, es legal, y antes que todo, social; es decir, sistémico. Las experiencias internacionales exitosas así lo demuestran.

La academia tiene un importante rol que cumplir tanto en la educación de la ciudadanía como en evidenciar los verdaderos problemas que existen en nuestra sociedad. En este sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como parte de su misión inserta en la función de toda universidad pública, debe abordar los problemas que enfrenta nuestra sociedad con las mejores herramientas, fundadas en reflexiones críticas serias. No puedo sino concordar con el sentido de las palabras de don Sergio Muñoz, pues es labor de todos los sujetos que obramos en la esfera pública ponernos en disposición de encontrar puntos de acuerdo sobre los cuales podamos generar políticas de real impacto ante los desafíos que los tiempos actuales nos presentan, para lo cual debemos desmitificar conceptos que no son reales.

Davor Harasic Yaksic
Decano Facultad de Derecho Universidad de Chile