Se estima que la maltrecha economía venezolana tendrá una caída del 7% este año. Se deprecian sus hidrocarburos, que representan el 96% de las exportaciones. Graves son la inflación, el desabastecimiento, la violencia y la disminución de 50% de los recursos fiscales, lo que restringe la política de subsidios y bonos que sostiene al gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

La posibilidad de un fraude crece por la negativa del Consejo Electoral y del gobierno venezolano a autorizar observadores de los comicios, como lo reclaman la oposición, la Unión Europea y el nuevo secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, que ha dado indicaciones de un giro a las relaciones de esa institución con Venezuela, tras la salida de su predecesor, José Miguel Insulza. A esta última solicitud, Maduro respondió que "la OEA debe morir ya. Y ojalá Almagro sea el sepulturero".

Paralelamente, el Presidente venezolano ha recurrido nuevamente al fantasma del peligro de agresión externa. Para ello cerró la frontera con Colombia en el estado de Táchira y expulsó a centenares de colombianos de esa zona. Denunció que "paramilitares" del país vecino habían atentado contra oficiales de la Guardia Nacional venezolana, versión avalada por el discutido secretario general de Unasur, Ernesto Samper, lo que provocó que en Colombia se planteara el abandono de esa organización.

El incidente parece uno más de los sucesivos enfrentamientos entre bandas dedicadas al contrabando y narcotráfico, favorecidos por las enormes diferencias de precios de los productos básicos en ambos lados de la frontera, y por el involucramiento de personal militar y policial venezolano en el tráfico de drogas, denunciado hace unos meses por quien fuera ayudante militar de Chávez y luego de Maduro.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre del régimen, sindicado como protector del llamado "Cartel de los Cuatro Soles" (alusión a los soles de las charreteras de los generales), propuso que el cierre de frontera sea ampliado.

Con un elevado costo para su imagen, el Presidente Santos ha reaccionado con prudencia, recurriendo a la diplomacia para no agravar la situación, pero el curso del conflicto es incierto, dado el angustioso cuadro político del régimen venezolano.

Crisis migratoria en Europa

El explosivo aumento de refugiados en Europa obliga a revisar la política migratoria de la Unión Europea (UE) y del resto del continente. Divididos ante el valioso aporte de las migraciones al crecimiento económico, de la capacidad de la UE para abordarlas y de su compromiso con el respeto a las obligaciones humanitarias, crece la inquietud por la posible pérdida de empleos, las consecuencias del multiculturalismo, las dificultades de la integración y los riesgos para la seguridad.

Por primera vez la crisis migratoria surge como la principal preocupación en Europa. Cerca de 300.000 refugiados han desembarcado en sus costas este año, superando el total de 2014. Esta cifra es solo aparentemente impactante si se la compara con los más de 500 millones de habitantes de la UE, que sin la inmigración podrían reducirse en las próximas décadas.

El masivo y creciente desplazamiento proviene principalmente de la "Primavera árabe", que desestabilizó al Norte de África y al Medio Oriente. A ello se suman quienes huyen de Afganistán, Siria, Irak, los Balcanes y África subsahariana, por la inseguridad y los sistemas políticos oprobiosos.

Los acuerdos de Schengen y Dublín permiten la libre circulación en la UE de cualquiera que haya ingresado a casi todos los estados de la Unión. Aunque sus normativas son consideradas esenciales para la vigencia de esta, ha quedado en claro que hay aquí un problema que debe ser compartido en sus soluciones, en el financiamiento a la asistencia y en la relocalización de los refugiados. Igualmente evidentes son las presiones para contemplar excepciones a los acuerdos migratorios respecto de los refugiados, aunque no así sobre las normativas respecto de los inmigrantes denominados económicos, sujetos a la selectividad y discrecionalidad de los países de acogida.

Francia y Austria reimplantaron los controles fronterizos con Italia, y Gran Bretaña logró que Francia los reforzara en Calais. Hungría, Polonia, Eslovaquia y Macedonia aplican medidas infructuosas para impedir el ingreso de refugiados. Grecia, Italia y varios otros países de la UE sostienen que no están en condiciones de cumplir con la normativa que obliga al Estado de ingreso a encargarse de mantenerlos mientras tramitan las peticiones de refugio, y no hay acuerdo en las cuotas de relocalización ni en los financiamientos. En cambio, han prosperado los rescates marítimos evitando más naufragios.

Los gobiernos de Alemania y Suecia, los mejor dispuestos a recibir refugiados, experimentan considerable oposición interna. Más intenso es el rechazo ciudadano en la República Checa, Eslovaquia y Hungría y entre adherentes a partidos nacionalistas de otras regiones, como el Frente Nacional francés.

El hallazgo en Austria de un camión con más de 50 cadáveres de refugiados y la detención de un migrante de origen marroquí que intentó perpetrar un atentado en un tren desde Ámsterdam a París, han agregado urgencia y dramatismo al creciente problema humanitario, económico y de seguridad que plantea el intento de millares de personas de variado origen por ingresar a la Unión Europea.