Es positivo que el Poder Judicial haya dado a conocer sus estadísticas para 2014, con el más alto nivel de vocería -personalmente por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz-, y que ellas hayan sido difundidas en términos comprensibles por cualquier ciudadano. Por cierto, serán de gran interés para el análisis y diagnóstico de la situación del sistema de justicia penal chileno por los especialistas.

Según ellas, se judicializó menos de la mitad (43%, esto es, casi 580 mil causas) de las denuncias de delitos que ingresan al Ministerio Público (casi 1 millón 349 mil el año pasado). Añadió el ministro Muñoz que de las causas que conocieron los tribunales, el 5,15% corresponde a delito de robo, y que en el 88,5% de los casos en que se solicitó prisión preventiva de los imputados, los juzgados accedieron a esta medida, de donde concluye que "la puerta giratoria en el sistema procesal penal parece que no existe".

Estas cifras pueden parecer contraintuitivas, pero, en general, tienen asidero -sin perjuicio de que también exista un grupo de jueces ideologizados que practican un garantismo a ultranza-. El alto número de condenas es superior al del antiguo sistema y en plazos mucho más breves. Si la ciudadanía tiene una visión diferente, eso se debe en parte a que un porcentaje sustancial de los condenados recibe penas alternativas a la reclusión, y estas, en ausencia de mecanismos efectivos de control, son percibidas como impunidad. Y las deficiencias o inexistencia de labores de rehabilitación y reinserción social hacen que las tasas de reincidencia sean altísimas, lo cual es igualmente percibido como impunidad.

También es de recordar que el Poder Judicial recibe para su pronunciamiento solo una porción de cuanto ocurre en materia delictiva. A eso alude el ministro Muñoz cuando dice que uno de los objetivos de "transparentar las cifras" es "que los usuarios conozcan el rol de los actores del sistema". Subrayó, asimismo, que "los tribunales y los jueces son los terceros imparciales que tienen que resolver lo que la fiscalía o distintos intervinientes someten a su resolución", añadiendo que el Ministerio Público -que tiene a su cargo la persecución criminal y es el titular de la acción penal- es el que debe "encaminar el procedimiento para llegar al control de detención, a la formalización" y demás pasos conducentes a la no impunidad. Por tanto, es ese órgano el que debe perfeccionar su labor para poder plantear casos cuya solidez tenga sustento jurídico suficiente para que el juez funde una condena cuando ella proceda, y no se vea en la necesidad de sobreseer por falta de evidencia. Y, a su vez, el Ministerio Público necesita en parte determinante recibir esos antecedentes de la labor que realizan las policías. Si esta es imperfecta al respecto, tampoco los fiscales podrán llegar mucho más allá. Así lo sugieren, por ejemplo, las cifras de hechores no identificados y de casos archivados.

Todo esto reconfirma una vez más que la coordinación entre los actores del sistema es deficiente. Diagnósticos como este deberían haber sido expuestos ya, o serlo sin tardanza, en la comisión legalmente prevista para estos efectos. Evidentemente, falta una mejor integración funcional entre todos esos actores.