Señor Director:

No bastó con que el Gobierno intentara impedir el paso de los camioneros, ni con que grupos, tan vociferantes como intolerantes, los agredieran a ellos y a quienes los apoyaban en las cercanías de La Moneda. Ahora también se los acusa de provocar una suerte de "asonada", es decir, exponer al país a un quiebre de su sistema institucional. Curiosa y desproporcionada manera de calificar una demanda gremial para obtener seguridad pública.

Llamativo es que al mismo tiempo se defienda con tanto ahínco el derecho de los estudiantes a manifestarse, a pesar de los evidentes trastornos que provocan cada vez que lo hacen, al tomarse avenidas y generar todo tipo de desmanes. ¡Claro que esto último siempre ha sido atribuido a infiltrados o delincuentes oportunistas!

¿Acaso el hijo de los Luchsinger Mackay no tiene el mismo derecho que Carmen Gloria Quintana o los familiares de Rodrigo Rojas a exigir justicia por la aberración de que sus padres fueran quemados vivos en su hogar, sin tener que sufrir descalificaciones y agresiones? ¿Acaso no merece reproche que el presidente del PC reconociera, como lo hizo en la prensa hace un par de años, que en su calidad de jefe militar de su partido había autorizado acciones armadas del FPMR? Imagine usted que algo similar hubiera sido reconocido por alguien que no es de izquierda. Muy probablemente las redes sociales hubieran ardido para condenarlo y las querellas se habrían acumulado.

Incluso por estos días un canal de televisión exhibe un documental sobre el FPMR donde sus miembros son presentados, con total desparpajo, como luchadores sociales envueltos en un aura de heroísmo. Sí, los mismos que secuestraron a varias personas y asesinaron a otras tantas, entre ellas al senador Jaime Guzmán en plena democracia.

¡Hasta cuándo la izquierda continuará atribuyéndose superioridad moral para juzgar los actos de otros y revestir los propios de legitimidad y reclamar impunidad!

Jorge Jaraquemada R.
Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán