La idea de consagrar la gratuidad universal de la educación superior, y de hacerlo discriminando entre jóvenes chilenos con iguales necesidades socioeconómicas y méritos académicos, ha recibido contundentes críticas. Sin embargo, aún no se evalúa el desbarajuste que podría causar.

Por lo pronto, esta medida no se ha ensayado en ningún país con un régimen mixto (público/privado) de provisión. En la mayoría, las instituciones (públicas y privadas) cobran aranceles (no meramente nominales). Sucede así en Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Japón, Filipinas, Holanda, India, Italia, Malasia, República de Corea, Singapur y Tailandia.

Hay un segundo tipo de regímenes mixtos donde solo las instituciones privadas cobran aranceles mientras las público-estatales son gratis, como ocurre en África del Sur, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Portugal. Suele llamársele 'modelo latinoamericano'. Un caso especial de provisión mixta es el de los países donde las instituciones público-estatales reciben en una misma sala de clases a estudiantes becados (gratuidad) junto con otros que pagan sus estudios.

Finalmente, los regímenes de provisión exclusivamente estatal incluyen dos grupos con arreglos contrastantes. Por un lado, países donde los estudiantes pagan un arancel anual como Australia, Canadá, Francia, Inglaterra, Nueva Zelandia y Suiza. Por el otro, países cuyas instituciones reciben a sus estudiantes sin cobro alguno, como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega y Suecia. Allí reina la gratuidad universal y los países se caracterizan por una alta carga impositiva; en promedio, equivale al 41,3 por ciento del PIB. Es decir, casi duplica a la de Chile. A esta selecta cofradía aspira a unirse el país hacia el 2020.

Considérese además que entre las tendencias actuales de la educación superior mundial se cuenta la rápida difusión de esquemas de costos compartidos, donde el financiamiento de las universidades se compone de recursos provenientes de la renta nacional (subsidio fiscal) y de fuentes privadas (como pago de aranceles y otros).

Solo unos pocos países -Alemania y Turquía, entre ellos- experimentan igual que Chile dinámicas de reversión y abandonan el cobro de aranceles para regresar al statu quo ante : el de la gratuidad universal o parcial.

Chile financió en el pasado la educación superior gratuita de los herederos del capital social, económico y cultural. Eran pocos y el coste de su formación se repartía entre muchos. Sin embargo, con el advenimiento del acceso masivo a partir de 1990, el Estado debió optar por el modelo de costo compartido, con aranceles de referencia regulados y un esquema de becas y créditos progresivamente más amplio, de tipo Estado benefactor.

La pregunta es por qué el Gobierno no eligió profundizar esa política -llamémosla de gratuidad equitativa- garantizando la gratuidad a los estudiantes de los tres primeros quintiles matriculados en cualquier institución acreditada. La razón invocada suena exquisitamente discursiva: se buscaría 'desmercantilizar' la educación superior, abandonando aranceles, becas y créditos para así transformar en un derecho social lo que hoy se transa como un bien de consumo. Si así fuera, países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda no reconocerían tal derecho. Y en Argentina y México solo tendría vigencia en las instituciones estatales. Es francamente patético.

En cualquier caso, la administración Bachelet eligió otro camino. Y echó a andar hacia un modelo latinoamericano corregido, el cual asegura gratuidad a los jóvenes de los cinco primeros deciles matriculados en instituciones estatales y en un puñado adicional de instituciones privadas (dentro y fuera del CRUCh). Todas ellas recibirán una subvención por alumno extendida como un subsidio por vacante ofrecida, sujeto a la aceptación de reglas y convenios determinados por la autoridad.

El anuncio de que en noviembre partimos en esa dirección ha resultado incongruente y confuso. El Gobierno titubea respecto de qué criterios usará para definir la participación en, y el costo de, algo que por ahora se asemeja más a un privilegio estamental que a un derecho social.

Luego vendría el ascenso a la cumbre más alta de la gratuidad universal, con un coste cercano a dos puntos del PIB (unos cinco mil millones de dólares), los cuales beneficiarían ante todo a los jóvenes herederos de los hogares acomodados. Mientras las clases desaventajadas permanecerán en el plano, buscando oportunidades de aprendizaje que compensen los efectos de la desigualdad.

A todas luces, esta política de gratuidad universal, y su aplicación prevista, está definitivamente extraviada. Conduce a un callejón sin salida. No tiene precedente en el mundo. Corre a contramano de la tendencia actual hacia el financiamiento de costo compartido. Desecha el avance de nuestra educación superior hacia una gratuidad equitativa. Procura financiar un gasto descomunal con un limitado ingreso tributario en vez de usar los recursos en jardines infantiles y colegios efectivos. Todo esto sin mencionar otros riesgos, como el potencial daño a la autonomía universitaria, la burocratización de la gestión académica, la dependencia institucional del ciclo político, la previsible caída del gasto por estudiante, el clientelismo en las universidades y la pérdida de incentivos para la innovación. Tales son las lecciones de la experiencia latinoamericana.