Señor Director:
En columna publicada en este diario (
26 de julio), Loreto Cox y Claudia Allende han cuestionado la política de gratuidad esbozada por el Gobierno, tanto en su concepto fundante (gratuidad universal) como en los mecanismos que se están proponiendo para otorgar este beneficio. Para ellas una alternativa más adecuada "es basar el mecanismo de asignación de fondos en el valor que las instituciones agregan a los estudiantes y a la sociedad. Parte importante de ese valor tiene que ver con las oportunidades que los egresados tendrán en el mundo del trabajo".
Nos parece que el planteamiento de las investigadoras va por el camino correcto, considerando que un mecanismo de este tipo es coherente con un objetivo de política pública que busca una mayor equidad en el acceso de las personas a una educación superior de calidad. Son muchos los expertos que han demostrado que los alumnos más vulnerables asisten mayoritariamente a universidades no incluidas en los mecanismos anunciados por la autoridad. A ello también ayuda la intención del Gobierno, plasmada en el documento "Bases para una Reforma al Sistema de Educación Superior", de diferenciar los mecanismos de financiamiento de las labores docentes de otras tareas fundamentales de las universidades, como son la investigación y la vinculación con el medio.
Si lo que se busca es realmente generar un sistema educativo que ayude a superar las desigualdades que existen en el país, se necesitan parámetros claros que midan la calidad de los programas de formación y cómo estos impactan en las trayectorias profesionales de los egresados. Las tasas de retención, de titulación oportuna, de incorporación temprana al mundo laboral, de remuneraciones y, por cierto, las pruebas que permiten evaluar los perfiles de egreso (como el Examen Médico Nacional y la Prueba Inicia, ayudan en esta tarea, aunque todavía son insuficientes.
Un segundo eje, presente en la propuesta de Loreto Cox y Claudia Allende, se refiere al aporte de las instituciones a la sociedad. Aporte que no se limita solamente a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, sino también a la corresponsabilidad que tiene toda universidad en la consecución de otros objetivos de bien común, como son el desarrollo científico, cultural, económico y productivo del país. En este sentido parece anacrónico, injusto e incluso peligroso sostener que el pensar y responsabilizarse por el país es solo tarea del Estado, de sus instituciones y funcionarios, como algunos manifiestan. Los países que han llevado a cabo verdaderas revoluciones educativas lo han hecho sobre la base de amplios consensos nacionales a los que todos han sido invitados y de los cuales nadie ha sido excluido.
Cristian Nazer AstorgaRector Universidad Finis Terrae