El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hizo un duro diagnóstico del marco laboral que rige en Chile en medio del seminario "Los derechos fundamentales y la Eficacia Directa en el derecho laboral nacional: la experiencia italiana y chilena", organizado por el máximo tribunal del país.

En su intervención -sobre la evolución histórica del derecho laboral en Chile-, el magistrado aludió a que el actual sistema tiene su origen en la política reformadora de la institucionalidad del trabajo implementada en el régimen militar, señalando que "el debate de estos meses tiene su origen y explicación en las medidas de corte neoliberal que entraron a regir 35 años atrás", y que el gran desafío del legislador y de la sociedad chilena es borrar las asimetrías que existirían en el derecho colectivo del trabajo en el país.

Como ejemplo de lo que a su juicio es la precariedad laboral actual, el magistrado señaló que "a pesar de ser la huelga un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, la regulación chilena limita su ejercicio solo al proceso de negociación colectiva reglado; permite, además, el reemplazo de trabajadores en huelga y favorece la desvinculación individual de estos".

Extrañamente, lo que aparece como una suerte de denuncia es la realidad de muchas naciones con amplias credenciales democráticas, como son la mayor parte de los países de la OCDE.

Pero en un aspecto más de fondo, cabe preguntarse sobre los alcances de una definición de esa naturaleza por parte del presidente de la Corte Suprema. Sin duda, sus palabras no representan necesariamente el pensamiento de la totalidad de ese tribunal, y más bien deben ser analizadas como una intervención a título personal en el contexto de una actividad de tipo académico. Consultado por las reacciones que despertó esta ponencia, el ministro de la Corte Lamberto Cisternas ratificó el carácter personal de las expresiones del ministro Muñoz. Con todo, sus palabras, de evidente contenido político en un tema de alta sensibilidad contingente, suscitaron una comprensible polémica cuyos beneficios para la independencia del Poder Judicial son dudosos.

Distinto es el caso de la opinión que puede tener y expresar el presidente de la Corte Suprema respecto a las dudas y dificultades que encuentran los tribunales superiores de justicia en la interpretación y aplicación de la legislación laboral -o cualquier otra-, pero esa no parece ser la situación. Los dichos del presidente de la Corte tampoco fueron una opinión respecto a cómo la marcha política del país está afectando la labor de la justicia chilena, cuyo lugar natural por lo demás ha sido tradicionalmente el discurso en la inauguración del año judicial.

En momentos de crispación nacional y controversia política, las máximas autoridades institucionales deben redoblar los esfuerzos por evitar levantar polémicas en ámbitos que no parecen inherentes a sus responsabilidades públicas. Es primordial cautelar el valor y ascendiente de sus investiduras para las relevantes definiciones que por su propia naturaleza les corresponderá abordar, aunque ello pueda significar relegar por momentos la manifestación pública de legítimas apreciaciones y aspiraciones de valoración personal.