Alvaro Valenzuela M.

H ace un año todo cambió. El 29 de julio de 2014, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente incautaba computadores desde las oficinas del Banco Penta y el holding creado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín pasaba bruscamente de las páginas económicas a las policiales.

Se iniciaba una vorágine imparable. La investigación reveló irregularidades en las empresas, pero, además, la existencia de un mecanismo de aporte a campañas políticas -principalmente de la UDI- al margen del establecido en la ley. Aunque el paso de los meses mostró que tales prácticas son un problema virtualmente sistémico, que involucra a una diversidad de compañías y a políticos de todo el espectro, Délano y Lavín se transformaron en figuras emblemáticas. Formalizados en marzo por delitos tributarios y soborno, permanecieron 47 días en prisión preventiva y hoy se encuentran bajo arresto domiciliario.

Julián López, su abogado, nunca había querido dar una entrevista para hablar de un caso que le exige dedicación máxima.

Hasta ahora.

-Para muchos analistas, el caso Penta es un hito, una demostración de que hoy en Chile los "poderosos" también deben enfrentar la acción de la justicia. Como defensor, ¿cuál es su visión de lo ocurrido?
-Presentar al caso Penta como una experiencia inédita de acción de la justicia frente a los "poderosos" es de una ignorancia infinita. Desde la crisis bancaria de los años 80 hasta las condenas recientes de parlamentarios o autoridades religiosas, los jueces chilenos han demostrado su independencia en muchas ocasiones. Los relatos épicos que se han tejido en torno al caso Penta no solo desconocen esa realidad sino que pretenden ejercer presión ilegítima sobre el sistema judicial: se quiere hacer creer al público que si la fiscalía pierde, no será por las debilidades de su caso sino porque los jueces han sido débiles. Y eso es completamente inaceptable.

-¿Qué es entonces lo que, según Ud., ha pasado en este caso?
-El sistema de persecución penal se ha dirigido contra Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano con un rigor extremo. Se les han imputado hechos que tradicionalmente no eran considerados delitos, se les ha atribuido participación en muchos de ellos solo por ser los controladores, se los ha sometido a una extensa privación de libertad que no es frecuente en casos de delitos económicos y han debido sufrir un intenso juicio público que no ha tenido consideración con ellos ni sus familias. Los acusadores se han negado, incluso, a reconocerles la colaboración y reparación que han brindado. En suma, mis clientes han sido sometidos a una persecución penal absolutamente desigual y desmedida.

-Ud. fue impulsor de una estrategia de defensa sustentada en la colaboración amplia con la fiscalía. Visto el resultado, ¿fue una buena idea?
-Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano colaboraron ampliamente con la investigación porque esa fue su firme decisión, desde el primer día. Más allá de lo que tienen derecho a decir en su defensa, ellos aceptaron públicamente su responsabilidad por esas prácticas y se comprometieron a corregir sus efectos, lo que han hecho con creces. Las medidas cautelares a las que han sido sometidos no son consecuencia de esa colaboración, sino de las condiciones ambientales en que se ha desarrollado este caso, y que son de sobra conocidas.

"Existió un compromiso incumplido"-¿Es efectivo que existía un compromiso con el Ministerio Público según el cual, por su colaboración, ni Délano ni Lavín serían objeto de prisión preventiva?
-Efectivamente existió ese compromiso y fue incumplido por la fiscalía. Pero la forma en que ese compromiso se asumió, el marco en el cual se insertó y los efectos jurídicos de su incumplimiento son cuestiones a las que no me voy a referir.

-Desde la fiscalía se ha argumentado que la colaboración de Délano y Lavín fue solo relativa, particularmente en el caso de los forwards . ¿Qué responde a ello?
-La colaboración fue y ha sido siempre plena. Los forwards constituyen una irregularidad que mis representados pusieron en conocimiento de los fiscales cuando no había un solo antecedente sobre ellos en la carpeta de investigación. Lo demás son pretextos para tratar de justificar un cambio de opinión que se produjo en medio de un ambiente muy convulsionado al interior de la fiscalía.

-¿Pero entregaron Délano y Lavín toda la información que manejaba la empresa respecto de los forwards ? ¿No fue la investigación de la fiscalía la que detectó que el problema era de mucho mayor magnitud que lo revelado por sus defendidos?
-Ellos entregaron voluntariamente la información sobre cuatro operaciones a la fecha en que prestaron declaración y, posteriormente, siguiendo parámetros de la fiscalía, instruyeron una búsqueda dirigida, en las sociedades del holding , que les permitió aportar información sobre muchas otras. Los contratos que aparecieron posteriormente no estaban entre las sociedades revisadas por ellos y por eso resulta absurdo reprocharles esa omisión. A esas alturas no tenía ningún sentido omitir información y seguramente habríamos podido entregar más, nosotros mismos, si se nos hubiera dado tiempo para efectuar una revisión más completa y prolija.

"Ha sido difícil saber cuál es la posición institucional del Ministerio Público"

-¿En qué medida cree que la atención pública en torno al caso, la idea del juicio contra los poderosos, ha incidido en el desarrollo de este?
-Enormemente. Cuando se dota a un caso de esa clase de connotaciones simbólicas el derecho pierde terreno, porque los encargados de la persecución penal empiezan a fijarse menos en el texto de la ley y más en la forma en que sus decisiones serán recibidas por la opinión pública. Y entonces lo que en otras condiciones sería considerado legal y sensato, se tiñe de una carga emocional, se juzga como "impresentable" y surge la tentación de adoptar la posición más extrema y trasladar al juez el costo de defraudar las falsas expectativas.

-El hecho de que Délano y Lavín sean percibidos por la opinión pública como "los financistas de la UDI", ¿hace más difícil su defensa?
-Lo que está más que claro, a estas alturas, es que las sociedades de mis clientes participaron, bien o mal, de la forma en que se financiaban las campañas políticas en nuestro país y, si alguna diferencia puede hacerse entre ellos y los demás casos conocidos, es que aportaron dinero que era 100% suyo, a través de sociedades reales que no fueron creadas ni para evadir impuestos ni para financiar la política, y que apoyaron solo a gente con cuyo pensamiento se identificaban, independientemente de sus posibilidades de éxito electoral. El hecho de que hayan actuado así prueba que actuaban por convicción y que no esperaban ningún retorno. Lejos de ser una dificultad, me parece que esa es una de las fortalezas de nuestra defensa.

-Aparte del revuelo mediático, el caso ha dado pie a diversos episodios en el propio Ministerio Público, incluso con versiones de supuestas renuncias del fiscal Gajardo. ¿Se torna más compleja la labor del defensor cuando se producen esos "ruidos"?
-El Ministerio Público es una pieza clave del sistema de administración de justicia penal y ha hecho esfuerzos por actuar con coherencia y objetividad, evitando que la institución quede entregada a caudillismos. Sin embargo, lo que ha ocurrido en este caso es precisamente lo contrario. Y eso es tremendamente complejo, porque el funcionamiento de todo el sistema presupone la existencia de un interlocutor institucional, de modo que cuando se está hablando con un fiscal, se tenga la certeza de que se está hablando con el Ministerio Público como un todo. En este caso, ha sido difícil saber cuál es la posición institucional frente a cada cuestión que se plantea, y en ocasiones da la impresión de que esa posición no existiera.

"Sin ir más lejos, hace dos semanas me tocó participar de una audiencia en que el fiscal Gajardo argumentó ante la Corte de Apelaciones, con absoluta convicción, que mis representados arriesgaban una pena efectiva y, sin embargo, todos pudimos leer tres días después, en una entrevista, que el fiscal nacional piensa exactamente lo contrario. Ese tipo de inconsistencias me producen desconcierto, pero me parece que no afectan tanto a mi defensa como a la credibilidad de la fiscalía".

-Se ha concretado la separación de causas, pese a que el fiscal Gajardo señaló antes su oposición. ¿Mejora las perspectivas de sus clientes?
-Ese es un tema administrativo del Ministerio Público, pero llama la atención que la fiscalía haya defendido tan tenazmente, en la audiencia, la necesidad de mantener la tramitación conjunta de las causas y, a los pocos días, cuando la Corte había concedido ya la extensión del arresto domiciliario de mis clientes, haya resuelto separarlas. Da para pensar qué tan fuertes y sinceras eran las razones que se esgrimieron durante la audiencia.

"¿Por qué la prudencia solo se aplicó con los demás?"
-¿Cómo calificaría la actuación de Impuestos Internos en esta causa? Los críticos han señalado que, al perseguir penalmente, la entidad cambió su doctrina tradicional sobre gastos rechazados, pero el ex director Michel Jorratt ha dicho que no hubo innovación de su práctica histórica.
-Me remito a lo que han dicho los ex directores de Impuestos Internos. Ricardo Escobar fue el primero en hacer ver que los hechos que imputaba el SII no eran constitutivos de delitos. Y hace poco, Javier Etcheberry, que fue director por 12 años, ha señalado que es un error penalizar las evasiones tributarias asociadas al financiamiento de la política. Adicionalmente, si uno mira la jurisprudencia publicada en materia de delitos tributarios, no encuentra una sola sentencia condenatoria por falsificación ideológica de boletas.Y pese a todo esto, bajo la dirección de Jorratt el SII no dudó un segundo en ejercer la acción penal contra mis clientes por esta razón, sin siquiera darles la oportunidad de declarar al respecto.

-¿Qué le parece el modo en que el SII ha tratado los casos de empresas conocidos de modo posterior a Penta?
-Es algo que todavía está por verse y sobre lo cual falta que el SII entregue información y actúe con transparencia. Lo que sabemos, hasta ahora, es que no existe ningún otro controlador de algún grupo económico que haya sido sujeto de una persecución penal siquiera parecida a la que ha afectado a mis clientes. Y sabemos también que el 12 de marzo el SII anunció oficialmente un plan especial de auditorías a 200 contribuyentes por lo que denominó "figuras de evasión similares a las detectadas en el caso Penta", invitando a ellos y a otros para que se acercaran a la institución a "regularizar su situación tributaria".

"Hasta donde sabemos, el SII no ha presentado querella en contra de ninguno de esos contribuyentes, lo que parece indicar que volvió al correcto criterio histórico de considerarlas como faltas administrativas. Todo indica que el SII considera que estos hechos no eran delito antes ni lo son ahora. Solo lo fueron cuando se trató de analizar la situación de Penta, a petición de la fiscalía".

-En el caso de SQM-Salar, el SII lleva dos meses sin decidir si presenta una denuncia. ¿Entiende esa demora?
-No me corresponde opinar de otros casos. Lo que puedo decir es que, en el de mis representados, el tiempo que transcurrió entre el requerimiento del Ministerio Público y la primera denuncia presentada en su contra fue de apenas 20 días y que, en ese lapso, el SII se limitó a hacer fe de ciertas declaraciones prestadas ante los fiscales y que no corroboró de manera alguna. Posteriormente, los plazos han sido mucho más largos y el propio Jorratt declaró que él había tenido la necesidad de dilatar la presentación de otra querella porque le parecía "fundamental" oír antes al contribuyente, ya que en estas materias había que actuar con prudencia. Nadie debería criticar al SII por actuar con prudencia y oír al contribuyente antes de ejercer la acción penal. Lo que no se entiende es por qué esta prudencia solo se aplicó con los demás, y no con mis clientes.

-El director del SII ha dictado una circular en que fija criterios para definir si se opta por la vía judicial. Según esos criterios, ¿habrían sido objeto de acción penal Délano y Lavín?
-No lo creo, pero la verdad es que entre esa circular interna y la que estaba vigente hasta entonces tampoco hay mucha diferencia.