Una de las prioridades de la reforma educacional que impulsa el Gobierno es la desmunicipalización de la educación. Esta definición es en cierta medida curiosa. En la mayoría de los países de la OCDE la educación pública depende del municipio. Y los problemas de este subsector educacional en Chile no parecen depender decisivamente de la fórmula institucional específica en que se desarrolla. Al menos, la evidencia disponible en el país no es categórica al respecto. Mucho más importante parece ser la poca autonomía que tienen los municipios para, por ejemplo, negociar condiciones laborales con sus docentes. Esta falta de autonomía se extiende a los planteles municipales y, particularmente, a sus directores, que tienen severas restricciones para gestionarlos pedagógicamente.

Aun con estas restricciones, en muchos lugares la educación estatal ha tenido resultados satisfactorios. En otros, la gestión ha sido mucho más deficiente que lo que podría anticiparse como consecuencia de estas limitaciones. Estas realidades poco tienen que ver con el tamaño del municipio, de su matrícula o del nivel socioeconómico de los estudiantes. Por cierto, no es una garantía que un cambio en la organización que aloja a los planteles estatales va a cambiar positivamente este estado de cosas. El Gobierno está pensando en la creación de aproximadamente 70 servicios locales, cuya conformación o estructura de gobierno corporativo permanecen en la opacidad. Pero se evaluaría que los directores de estos servicios dependieran de una Dirección Nacional radicada en el Ministerio de Educación. Esta podría introducir otros problemas y no resolver ninguno de los existentes, o incluso agravarlos.

Frente a esta incertidumbre parece más apropiado un cambio gradual que reorganice la educación en municipios con claras deficiencias y problemas, y que al mismo tiempo permita a los municipios con buenos desempeños mantenerse en la situación actual, quizás asegurando grados mayores de independencia a la educación a nivel comunal. Una solución de esta naturaleza es mucho más viable que un cambio radical, que es recibido con creciente escepticismo por los propios alcaldes e importantes figuras políticas (por ejemplo, el diputado Cornejo, ex presidente de la Cámara, sostuvo que "no hay condiciones para el proyecto").

Con todo, es importante tomar una decisión en esta área y elegir un camino de cambios razonables que fortalezca la educación municipal, ya que el continuo cuestionamiento a este subsector contribuye a su pérdida de matrícula, aunque a esa erosión también aportan otros factores, como los paros docentes y estudiantiles. Por lo demás, estas paralizaciones difícilmente se detendrán con la organización que se está pensando e incluso, por el carácter más centralizado que adquiriría la educación estatal, podrían incrementarse.