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RenovarNoticias
Sábado 01 de agosto de 2015
Procurador de Colombia avala "efecto jurídico" de información de correos entre el PC y FARC
Afirmó, además, que se desprendieron vínculos del grupo rebelde con grupos de otros países que operan dentro y fuera de la legalidad.
Nicolás Guzmán y Javier Méndez
Luego de participar como expositor en el seminario "¿Asamblea Constituyente, Reforma Constitucional o Proceso Constituyente?" organizado por la UDD, el procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, se refirió a los correos que vinculan a las FARC con el PC, encontrados en el computador de Raúl Reyes, ex encargado de la propaganda internacional del grupo guerrillero y que fue abatido en 2008: "La procuraduría le dio plenos efectos jurídicos a la información contenida en los computadores, porque la corroboró con otra información, a la cual accedió el Estado colombiano", señaló.
Ordóñez sostuvo que con la información del computador de Reyes, se "desprendieron vínculos de las FARC, no solamente con organizaciones delictuales sino con otros grupos al margen de la ley de otros países y con grupos que están dentro de la legalidad".
Los efectos materiales
Tras el ataque de las fuerzas colombianas en suelo ecuatoriano que terminó con la muerte de Raúl Reyes en 2008, varios computadores del número dos de las FARC fueron recuperados por los comandos que participaron en la Operación Fénix.
En su momento, el jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Óscar Naranjo, aseguró que 80% de los documentos hallados contenía material desconocido sobre las actividades y nexos de las principal guerrilla izquierdista del país. Para despejar las dudas, el gobierno de Colombia envió los computadores a Interpol, donde peritos de Corea del Sur, Singapur y Australia certificaron que los documentos eran auténticos.
La información probó ser de mucha utilidad en materia local e internacional, ya que condujo a detenciones, incautaciones de dinero y desmantelamiento de redes de tráfico de armas.
En Colombia, se abrieron investigaciones a políticos, líderes sindicales y activistas por sus nexos con el grupo rebelde. El caso más emblemático se registró en septiembre de 2010, cuando la Procuraduría General decidió destituir a Piedad Córdoba de su cargo como senadora, y la inhabilitó por 18 años para ejercer oficios gubernamentales. La decisión del Procurador Alejandro Ordóñez tuvo entre sus fundamentos pruebas extraídas del computador de Reyes.
Luego de participar como expositor en el seminario "¿Asamblea Constituyente, Reforma Constitucional o Proceso Constituyente?" organizado por la UDD, el procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, se refirió a los correos que vinculan a las FARC con el PC, encontrados en el computador de Raúl Reyes, ex encargado de la propaganda internacional del grupo guerrillero y que fue abatido en 2008: "La procuraduría le dio plenos efectos jurídicos a la información contenida en los computadores, porque la corroboró con otra información, a la cual accedió el Estado colombiano", señaló.
Ordóñez sostuvo que con la información del computador de Reyes, se "desprendieron vínculos de las FARC, no solamente con organizaciones delictuales sino con otros grupos al margen de la ley de otros países y con grupos que están dentro de la legalidad".
Los efectos materiales
Tras el ataque de las fuerzas colombianas en suelo ecuatoriano que terminó con la muerte de Raúl Reyes en 2008, varios computadores del número dos de las FARC fueron recuperados por los comandos que participaron en la Operación Fénix.
En su momento, el jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Óscar Naranjo, aseguró que 80% de los documentos hallados contenía material desconocido sobre las actividades y nexos de las principal guerrilla izquierdista del país. Para despejar las dudas, el gobierno de Colombia envió los computadores a Interpol, donde peritos de Corea del Sur, Singapur y Australia certificaron que los documentos eran auténticos.
La información probó ser de mucha utilidad en materia local e internacional, ya que condujo a detenciones, incautaciones de dinero y desmantelamiento de redes de tráfico de armas.
En Colombia, se abrieron investigaciones a políticos, líderes sindicales y activistas por sus nexos con el grupo rebelde. El caso más emblemático se registró en septiembre de 2010, cuando la Procuraduría General decidió destituir a Piedad Córdoba de su cargo como senadora, y la inhabilitó por 18 años para ejercer oficios gubernamentales. La decisión del Procurador Alejandro Ordóñez tuvo entre sus fundamentos pruebas extraídas del computador de Reyes.
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