En el estado actual de la controvertida discusión del proyecto de Carrera Docente es legítimo preguntarse si esa iniciativa tendrá posibilidades reales de producir un aumento de los aprendizajes o más bien puede sumarse a los casos de importantes esfuerzos económicos que se han hecho en otras latitudes sin mayor efecto en el aprendizaje de los estudiantes.

Hay acuerdo en que el techo del sistema escolar está definido finalmente por las capacidades, habilidades y competencias de sus docentes. Simultáneamente, diversos indicadores sugieren que en Chile estas están lejos de ser suficientes para el logro de una educación de mayor calidad y equidad. Por ello, hace tiempo se viene discutiendo la necesidad de diseñar una carrera docente atractiva para atraer, motivar y retener a personas con las destrezas requeridas para dar un salto en educación. Un elemento indispensable para estos propósitos es la definición de perfiles salariales competitivos para esas personas y cuyos pagos, además, reconozcan el mérito. Adicionalmente, se ha advertido que hay muchas experiencias en el mundo en las cuales aumentos salariales de los que se están discutiendo en Chile no han producido mayor efecto. La razón es que en ellas los diseños de las carreras no han sido muy cuidadosos y los aumentos salariales no han estado vinculados con los aprendizajes de los estudiantes.

Lamentablemente, si no se introducen modificaciones relevantes al proyecto de Carrera Docente, existe el riesgo de que pueda engrosar ese grupo de reformas salariales docentes sin resultados. Hay que pensar que el costo anual del proyecto presentado será, en régimen, de al menos 2 mil 300 millones de dólares (este es el costo del proyecto original, pero podría subir si se valorizan las concesiones otorgadas para aprobar el proyecto en general). No es aceptable que no exista mayor certeza de que esta inversión va a producir frutos.

Las fuentes de este temor son claras. Por un lado, se ha comprometido la eliminación del proceso de certificación para el ingreso a la carrera docente y no se ha reemplazado por una medida alternativa efectiva para asegurar competencias suficientes para desempeñarse en el aula. Esta podría ser, por ejemplo, una decisión justificada del director y su equipo respecto de la conveniencia o inconveniencia de la contratación definitiva de un docente en el plantel escolar que dirige (hay países donde esto es habitual).

Por otro lado, el desarrollo profesional que el proyecto contempla está muy imperfectamente relacionado con los aprendizajes de los estudiantes. Si bien hay estudios en Chile que muestran alguna correlación entre los desempeños del portafolio de un profesor (el principal instrumento para definir el paso a otra etapa de desarrollo profesional) y los resultados en el Simce de sus estudiantes, esta es modesta y está lejos de ser causal. La literatura internacional recomienda otros instrumentos o complementos del portafolio para definir ese desarrollo profesional. Esta también contempla evaluaciones más periódicas y no tan espaciadas en el tiempo como la propuesta gubernamental. Además, el proyecto sigue remunerando en exceso la experiencia y se reduce el espacio para pagos por mérito.

Al mismo tiempo se invierte en un rápido aumento de las horas no lectivas sin que, por una parte, exista evidencia en nuestro país (y tampoco muy clara afuera) de que esta medida va a elevar los aprendizajes de los estudiantes y, por otra, sin ninguna seguridad de que estas horas van a ser bien empleadas en actividades que fortalezcan la labor docente. En esta negociación se ha privilegiado el interés de los profesores por sobre el de los estudiantes y sus familias. Es necesario que el Gobierno y el Congreso se aboquen a definir un equilibrio más adecuado. Las señales de que no se es condescendiente con el gremio deben ocurrir desde ya. En ese sentido sería muy negativo, por ejemplo, que se accediese a suspender la evaluación docente por este año bajo el pretexto de que así se lograría una mayor dedicación de los profesores a la recuperación de clases perdidas por el paro auspiciado por el gremio. Este tiene que asumir las responsabilidades de sus acciones y corresponde que el Gobierno aplique la evaluación docente que, es bueno recordar, tiene un respaldo legal.