Luego de un complicado proceso de licitación, que requirió 13 cambios en las bases y un aumento sustancial en el presupuesto asignado al proyecto, se adjudicó el complejo aduanero de Los Libertadores. El nuevo complejo es necesario para reemplazar las actuales instalaciones, las que no tienen la capacidad para manejar los volúmenes de carga y de pasajeros ni los estándares para cumplir con los niveles de calidad de servicio requeridos para el principal paso fronterizo nacional.

La empresa concesionaria realizará las obras del complejo y lo operará y mantendrá por 15 años. A cambio recibirá un pago por construir la infraestructura de cerca de 15 millones de dólares, un pago anual de alrededor de dos millones de dólares por operarlo y mantenerlo, amén de otros ingresos que pueda recibir por servicios que provea en el complejo. Estos ingresos incluyen los que reciba por ventas de servicios a los usuarios: comercio, comida, y otros.

La pregunta obvia es ¿por qué el Estado chileno resigna una tarea tan simbólica del país y la cede a una empresa privada? El proyecto significa una deuda del Estado, que se paga en cuotas anuales, por lo que el objetivo no es escapar a restricciones presupuestarias. La razón parece ser la mayor eficiencia de un concesionario en proveer los múltiples servicios que requiere una aduana a gran altura en un paraje inhóspito, incluyendo la alimentación de los funcionarios, la gestión de la basura y la limpieza de la nieve en la zona (a menudo queda aislada por avalanchas) y la mantención general del complejo.

Además, la concesión puede rentabilizar servicios comerciales a viajeros y transportistas que serían difíciles de proveer en forma eficiente por el sector público debido a su poca flexibilidad y las dificultades que tiene para manejar subcontratos.

La ventaja principal, sin embargo, es que hay un responsable claro y directo por cualquier deficiencia en la mantención del complejo o en la provisión de los servicios. En ese caso, el inspector fiscal puede y debe penalizar al concesionario, reduciendo sus ingresos. Esto muestra la diferencia entre la concesión y la provisión directa del servicio por el Estado: cuando el Estado es deficiente en los servicios que ofrece, es difícil reclamar y obtener mejoras. Es por ello que las deficiencias de esta aduana se arrastran por casi una década.

En los países desarrollados hay mayores posibilidades de que el Estado ofrezca estos servicios con un buen nivel de calidad y en forma relativamente eficiente; en la realidad de nuestro país, es muy probable que este complejo aduanero se mantenga en mejores condiciones en un régimen de concesión.