Pese a las graves dificultades que han aparecido en el sistema público de salud, las autoridades han hecho ver que retomarán prontamente la legislación destinada a modificar el sistema privado de isapres. Si bien ellas atienden a una proporción menor de chilenos, los problemas que se han suscitado en ese campo tienen muy comprometido el futuro de esas instituciones, y los cambios legislativos se han vuelto necesarios. Debe tenerse en consideración, además, que aunque la proporción atendida no alcanza al 20 por ciento de la población, en ella quedan incluidas las principales autoridades, casi la totalidad de los congresistas y buena parte de los miembros del Poder Judicial. La acción de estos últimos tiene una fuerte incidencia en las inicitivas para conseguir cambios a la ley que impulsó el gobierno de Ricardo Lagos el año 2005. Al respecto, hay que considerar que en los juicios contra las isapres por cambios en los precios de los programas se ha generado el desvío de unos 25 mil millones de pesos desde el sector salud a los abogados que tramitan en forma casi automática estos procesos.

La ministra de Salud, quien integró una comisión de expertos el 2014, que no pudo llegar a acuerdo, ha esbozado algunas ideas del trabajo prelegislativo que realiza su cartera. En ese trabajo, la autoridad respalda a una de las facciones de dicha comisión y de esta forma puede colegirse por dónde vendrán las propuestas. Los precios que podrán cobrar las isapres quedarán en manos de otro grupo de expertos, pero cada una de ellas deberá ofrecer solo tres planes de salud, a diferencia de lo que ocurre hoy, puesto que, a juicio de la ministra, son demasiados y confunden al público.

Fundamental en la nueva ley sería la eliminación de la declaración de salud que hoy exige una isapre antes de aceptar a un nuevo afiliado, pues prima en ellas el criterio de ser aseguradoras de salud y, naturalmente, antes de asegurar la salud de una persona hay que tener la certeza de que está bien. En caso contrario, las isapres corren el riesgo de convertirse en un lugar adonde acuden los enfermos después de que se enferman con el único fin de conseguir una atención sin largas esperas. Luego de resuelto el problema, una operación por ejemplo, la persona puede retirarse de la isapre.

Otro punto clave y discutible es la constitución, aparentemente, de dos fondos de compensación de riesgos, uno entre isapres y otro entre isapres y Fonasa. La filosofía detrás de estas compensaciones de riesgo sería que todos los chilenos paguen la misma proporción de sus ingresos, independientemente de sus riesgos de salud, con lo cual se estaría forzando a la solidaridad de los jóvenes con los viejos y de las personas sanas con las personas enfermas. Por cierto esto no será una ventaja para los jóvenes, que en promedio ganan menos que las personas mayores, pero deberán contribuir a sus atenciones médicas. Tampoco parece justo que esa proporción de los ingresos esté limitada al 7 por ciento de 73,2 UF, como lo dispone la ley, puesto que muchas personas perciben más de esa cantidad como promedio mensual, con lo cual su contribución es proporcionalmente mucho menor.

Son muchas las preguntas que surgen respecto del trabajo prelegislativo del que informó la ministra, pero al parecer es un trabajo reservado, por cuanto varios diputados de la Nueva Mayoría han hecho ver su protesta respecto de la escasa información con que ellos cuentan. En estas circunstancias, los anticipos difundidos más bien parecen una improvisación para distraer la atención de los malos resultados del sistema de servicios de salud, que en este año atraviesa por su punto más bajo.