La petición que hace la Mesa de Unidad Democrática, MUD, al gobierno venezolano es lo mínimo que puede pedir una oposición acorralada a un Ejecutivo que tiene todo el poder en sus manos y que no parece dispuesto a ofrecer unas elecciones justas. Garantías de transparencia en el proceso electoral y de justicia en la campaña, que no se destinen fondos estatales a los candidatos oficialistas y que haya una verificación externa, independiente, de los resultados son los principales requerimientos de los partidos de la MUD, que unidos en una lista única tratarán de recuperar la Asamblea Nacional en las legislativas de diciembre.

Hasta ahora, el único "acompañante" será Unasur, porque el gobierno no quiere observadores ni menos "verificadores", lo cual no parece la fórmula más democrática para comprobar que las elecciones estén libres de manipulaciones. El secretario general de Unasur, el ex presidente colombiano Ernesto Samper -cuestionado por supuestamente haber recibido dinero de los narcotraficantes en su campaña electoral-, ha dicho que la organización tiene capacidad para ejercer la función de veedor "de excelente forma". Sin embargo, en entrevista con este diario, no fue claro en señalar cómo lo hará ni de qué forma puede ayudar a los presos políticos, ni defender a los candidatos cuestionados e inhabilitados por el gobierno. En el caso de María Corina Machado, inhabilitada por no incluir en su declaración de impuestos un bono de alimentos recibido antes de ser destituida de la Asamblea, Samper prefirió "no hacer juicios de valor", y que "habrá mecanismos institucionales para que estas inhabilitaciones y dificultades para ser elegidos se presenten ante los organismos correspondientes". Como se ve, las declaraciones de Samper distan mucho de ser una apreciación ecuánime, dado que es sabido que la institucionalidad venezolana está completamente cooptada, si no controlada, por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Poco se puede esperar, lamentablemente, de un garante de elecciones limpias que reconoce que se precisa acceso a la prensa, pero que este debe ser tanto "de parte de la oposición a medios identificados con el gobierno como del mismo gobierno... a medios identificados con la oposición". Sus palabras no se condicen con lo que es de público conocimiento: que los medios audiovisuales en Venezuela están completamente dominados por el chavismo, y que los pocos diarios que son de oposición tienen grandes dificultades para ser publicados por la escasez de papel, por las fuertes restricciones y los hostigamientos que sufren de parte del gobierno.

En medio de una crisis económica que mantiene a los venezolanos viviendo una inflación desbordada, con desabastecimiento de productos de primera necesidad y una escasez permanente de dólares que impide las necesarias importaciones, los opositores se preparan unidos para una heroica batalla democrática por renovar el Legislativo, lo cual les permitiría ejercer presión sobre los ministros e incluso llamar a un referéndum revocatorio del mandato presidencial.

La respuesta de Nicolás Maduro ha sido amenazar con "salir a la calle junto al pueblo para defender la revolución" si es que no logra mayoría parlamentaria. Así las cosas, parece más urgente que nunca que los gobiernos de países verdaderamente democráticos tengan una mirada activa en el proceso que vive Venezuela. La oposición ha pedido a la OEA que tome cartas en el asunto. Sería el momento para demostrar que la organización hemisférica no ha perdido toda su relevancia.